El acuerdo para el traspaso de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir; el adelanto de 300 millones de euros, ya consignados en los Presupuestos del Estado de 2008, a cuenta de la denominada deuda histórica; y un volumen de inversiones estatales para este año del 17,8%, similar al peso de la población andaluza en el conjunto de España son los logros más sobresalientes en que se ha materializado el desarrollo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de cuya entrada en vigor se cumple hoy un año.

El Gobierno andaluz que dirige Manuel Chaves pisó a fondo el acelerador de la aplicación del Estatuto prácticamente al día siguiente de su aprobación en referéndum, el 18 de febrero de 2007, pues aunque aprobado por un abrumador 87,4%, el Estatuto sólo llevó a las urnas a un escuálido 35,8% del censo. El desarrollo efectivo del texto era la mejor manera de hacer creíble para los andaluces un texto que no había concitado sus pasiones.

La unanimidad de todos los partidos salvo el andalucista en favor del texto favoreció el sí, pero diluyó cualquier atisbo de esa tensión política que suele propiciar altos índices de participación. Por lo demás, los distritos más marcadamente conservadores optaron por la abstención en porcentajes significativos, en consonancia con el escaso entusiasmo de los dirigentes del PP en su respaldo al nuevo texto.

Para este nuevo mandato, la prioridad del Gobierno de Chaves será la nueva ley que regulará el derecho de todos los andaluces de acceder a una vivienda, en cumplimiento de los compromisos en esta materia contenidos en el Estatuto. Otra veintena de leyes esperan su turno.

Sin embargo, lo más inmediato será consensuar con el Gobierno central la cuantía y los criterios de pago de la deuda histórica. La cifra, en cumplimiento del Estatuto, tiene que cerrarse antes de seis meses y no será inferior a 1.500 millones de euros.