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La guerra imposible de España en Gibraltar

Las autoridades españolas y Reino Unido defienden marcos jurídicos distintos en su disputa por el control de las aguas territoriales del Peñón

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La historia de Gibraltar es la historia de un desencuentro continuo entre España y Reino Unido. En los últimos meses, la tensión entre ambos países se ha elevado por el conflicto con los pescadores españoles, a los que el Peñón les prohíbe fanear en sus aguas. Un enfrentamiento que esconde las reclamaciones, casi ancestrales, de un Gobierno que aún ve al Territorio Británico de Ultramar como una colonia.

Cuando España se ha decidido a poner en duda la soberanía gibraltareña se ha dado de bruces con una población que ha apelado, como recuerda a Público.es Javier Truchero, abogado internacionalista, 'a su derecho de autodeterminación'. El último en hacerlo fue el propio Fabian Picardo, ministro principal del Gobierno de Gibraltar. El laborista recordó durante su discurso ante el Comité de los 24 de Naciones Unidas los referéndums de 1967 y 2002 en los que los gibraltareños decidieron por mayoría aplastante seguir siendo británicos. 

'La postura jurídica de Reino Unido es más sólida que la de España' 

La contienda, más de una vez, ha dejado a un lado el terreno diplomático para dar paso a otro tipo de enfentamiento entre, por un lado, la Policía de Gibraltar y la Royal Navy, que acosan a los pescadores de la Línea y Algeciras bajo el pretexto de proteger las aguas que Gibraltar reclama para la Roca, y, por otro, las patrullas de la Guardia Civil. Ningún Gobierno español se ha atrevido a denunciar la presencia de la Armada británica en el Peñón, si acaso alguna de sus actuaciones, porque sabían, como en el caso de los referéndums, que tenían las de perder.

Los tira y afloja por el control de las aguas de Gibraltar son tan antiguos como el Tratado de Utrech de 1713, único acuerdo que España reconoce para defender su teoría de la costa seca o, lo que es lo mismo, para limitar la frontera del Peñón en el litoral. Por aquel entonces se entregó a perpetuidad la soberanía del territorio a la Corona de Gran Bretaña. Pero casi tres siglos después, las autoridades españoles siguen recordando que el Tratado no reconocía aguas jurisdiccionales, concepto que en el siglo XVIII no existía. Apelan, entonces, a que sólo se entregó la ciudad, el castillo y el puerto, algo que para el Gobierno británico es irrelevante ya que considera que una cesión de territorio conlleva automáticamente la entrega de sus aguas territoriales.

Desde aquel 1713, el derecho marítimo ha ido evolucionando y ha presentado problemas de carácter jurídico que dificultan la posición española. El punto de inflexión es la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que se celebró en Montego Bay, Jamaica, en 1982 y que rige el marco básico en derecho internacional sobre los límites marinos de los Estados ribereños. Calificado como la Constitución de los océanos, está considerado uno de los tratados, junto a la Carta de las Naciones Unidas, más importantes y, desde su entrada en vigor en 1994, ha consagrado la premisa de que 'no existe costa seca', es decir, que cualquier territorio costero tiene proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes.

España se reservó una 'cláusula interpretativa' para no reconocer las aguas de Gibraltar

España lo ratificó en 1997, pero la rúbrica tenía gato encerrado o, como explica Truchero, una 'claúsula interpretativa unilateral': 'El presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España y Gran Bretaña', reza una dispocisión de la Ley 10/1977.

Por supuesto, Reino Unido no aceptó la interpretación española de la norma y estableció para Gibraltar un mar jurisdiccional de tres millas, a pesar de que la CNUDM otorga hasta 12 millas a cada Estado. Es en esa zona donde patrulla la Royal Navy. El Gobierno del Peñón se basa en la conferencia de Montego Bay para echar de esas aguas a los pescadores españoles, a los que acusa de violar la directiva Hábitats de la Unión Europea sobre protección ambiental. De paso, también se encarga de culpar a las embarcaciones de la Guardia Civil de dar apoyo a los pescadores, de, en palabras de Picardo, 'invadir' su territorio y de romper el espírito de la convención de la ONU. Esas tres millas son el espejo de una contienda de difícil solución en la que se enfrentan las posturas de un Estado que defiende un marco legal distinto al que se acoje el otro, aunque sea de 1713.

Esta semana se ha cumplido una década desde la última vez que, de la mano de los entonces ministros de Exteriores, Josep Piqué y Jack Straw, los dos Gobiernos se sentaron a hablar de la soberanía del Peñón, por no hablar de los vertidos contaminantes que se han producido en las aguas en disputa.

El Gobierno del Peñón acusa a los pescadores españoles de violar las leyes ambientales

Los distintos Gobiernos españoles han salido al paso con acuerdos puntuales que, a la vista del caso de los pescadores, Gibraltar tampoco tiene reparos en romper. Las autoridades gibraltareñas acusan a España de negarse a acudir al Tribunal Internacional de Justicia o al Tribunal para la Ley del Mar para discutir la jurisdicción de las aguas, quizás a sabiendas de su posible derrota ya que, como sentencia el experto en derecho internacional, 'la postura jurídica de Reino Unido es más sólida'.

Sin embargo, Truchero reconoce que 'no hay resolución de derecho clara en la zona' debido a la complejidad de un territorio que comparte los intereses de tres Estados -España, Reino Unido y Marruecos- y el derecho de libertad de navegación que rige el Estrecho. En ese marco, los pescadores de la Bahía de Algeciras se juegan su futuro inmediato este viernes en su tercera reunión con el Gobierno de Gibraltrar. Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, espera que el encuentro sea el 'definitivo' para poder dar carpetazo al conflicto pesquero a la vista de la imposibilidad de una solución política.