"Había ancianos atados, sin pañales y desatendidos"

María Luisa está desesperada. La Comunidad de Madrid ordenó ayer el cierre definitivo de las dos residencias en las que ha estado ingresado su tío, de 62 años, los últimos meses: Juan XXIII, en el pueblo de Alcobendas y con una capacidad para 56 personas; y San Eduardo, en San Sebastián de los Reyes, con 60 ancianos.

En el caso de la primera, los servicios sociales decretaron su cierre cautelar el pasado 28 de junio y los ancianos fueron reubicados en otros centros. Ayer, se anunció que va a cerrarse para siempre y se impuso a sus propietarios una multa de 120.000 euros. En el segundo, el dictamen ha sido “definitivo”. Deberán abonar 100.000 euros y cerrar el centro.

Tras pasar por las dos residencias, a María Luisa le toca volver a buscar. Está cansada y asegura que será difícil encontrar una residencia de ancianos en la región por los 1.200 euros mensuales que pagaba hasta ahora. Reconoce que el precio era bueno, pero que tenía algunos inconvenientes como “la falta de auxiliares” o que su tío se quejase de que les daban de comer “muy poco”. Sin embargo, “el dinero no nos llegaba para otro centro y teníamos que pasar por el aro”, explica.

Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid ya habían recibido quejas contra el asilo y, tras la revisión que realizaron el 9 de agosto, catalogaron las faltas del centro de “muy graves”. Las humedades de las salas de estar y comedores, las puertas defectuosas y la falta de mantenimiento y de personal son algunos de los ejemplos.

Según el Gobierno regional, los responsables tienen ahora un plazo de un mes para reubicar a los mayores en otros centros privados o casas de familiares. Para ello, proporcionará a los parientes, tutores o a los propios afectados de la residencia un listado de centros privados donde podrán instalarse e inspeccionará diariamente el centro hasta su cierre definitivo, para “comprobar que se cumplen todos los requisitos reglamentarios”.

A su entrada a San Eduardo, la directora se limitó a decir que las acusaciones “no son ciertas” y que “todo forma parte de un complot”. Su abogado, Eduardo Sánchez, dijo que no han avisado a los familiares porque todavía no les ha llegado ninguna notificación oficial. Sin embargo, aseguró que recurrirán y no realojarán a “ningún anciano hasta que haya una sentencia definitiva”. “Sé perfectamente por qué la quieren cerrar, pero no os lo voy a decir”, zanjó el letrado.

Desde mediodía hasta entrada la tarde, varias decenas de familiares se acercaron hasta el centro alarmados por la noticia. Todos se enteraron del cierre por los medios y ninguno recibió el aviso de la residencia.

Lola tiene ingresada a su suegra, Luisa, en el centro y asegura que “a veces llegamos y está pelele. No podemos asegurar que la tengan drogada, pero está muy rara”. Sin embargo, dice que en una de sus últimas visitas encontraron a un anciano tumbado en el suelo sin atención, que suelen estar “muy sucios” y que han tenido varias discusiones con la directora por la falta de atención. “Le compramos ropa nueva y a los 15 días ya no tiene porque se la ponen a otros ancianos”.

Algunas familias que acudieron al centro aseguraron estar contentos con la atención que les dispensan. Pero otras como Jara destacaron que “hay mucha diferencia entre los fines de semana y los días de diario”. Entre semana “están sin asear”, pero los sábados y domingos “está todo mucho mejor”.