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¿Hay que cerrar la Audiencia Nacional?

El fin de la violencia de ETA ha reactivado el debate sobre si procede clausurar, por falta de trabajo, el tribunal que centraliza los juicios por terrorismo desde 1977. Sus jueces defienden su utilidad en las investigaciones a bancos o mafias, frente

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El final de la actividad terrorista de ETA, el 20 de octubre de 2011, ha reabierto el debate sobre la oportunidad de cerrar la Audiencia Nacional por falta de trabajo. El tribunal nació en 1977 ya envuelto en la polémica sobre si un órgano centralizado de su especie encajaba en la Constitución. Venticinco años y medio después, sus jueces defienden su continuidad al margen del terrorismo por su eficacia para instruir causas complejas y que afectan a varios territorios, como las investigaciones por las quiebras de los bancos o el reciente caso de mafia china.  

Sin embargo, un sector de la justicia cree que ha cumplido su papel y que ya no tiene razón de ser, una desaparición que defienden desde el Congreso los partidos nacionalistas (PNV, CiU o Amaiur) y el grupo de Izquierda Plural. Por su parte, el PP, el PSOE y UPyD respaldan su continuidad, con los ajustes que aconseje la nueva situación.

El creador de la Audiencia Nacional y su segundo presidente, Rafael Mendizábal, era subsecretario del Ministerio de Justicia cuando surge la Audiencia. Este magistrado califica de 'leyenda total' que surgiese para combatir el terrorismo o que fuese sucesor de un órgano franquista como el Tribunal de Orden Público (conocido como TOP).

Recomienda, para formarse opinión, leer el Boletín Oficial del Estado del 5 de enero de 1977, que publicó tres reales decretos-ley distintos.  Uno creaba la Audiencia Nacional, donde no figuraba expresamente que tuviera competencia en materia de terrorismo, sino de delincuencia organizada. Un segundo, que retiraba a los tribunales militares el enjuiciamiento de los terroristas, y lo traspasaba a la Audiencia. Y el tercero, que pasaba las causas pendientes en el TOP a dos juzgados de Madrid.

Según declaró este magistrado a Público, lo que ocurrió es que el entonces vicepresidente del Gobierno, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, quería a toda costa que la competencia sobre terrorismo dejase de estar incardinada en la justicia militar, razón por la cual la traspasó a la Audiencia, nacida el mismo día. 'Pero en el decreto-ley que crea la Audiencia, no se dice una sola palabra sobre terrorismo', destaca Mendizábal. Una forma de verlo.

Además, Mendizábal, ya jubilado, considera que la Audiencia Nacional se identifica con la lucha contra ETA porque fue  su labor más sobresaliente en los primeros años, y 'la que más llamó la atencón de los periodistas'. 'Pero ni se creo para eso, ni debe mantenerse para eso', afirma su creador.

En su opinión, la Audiencia es sobre todo 'un instrumento potentísimo' para luchar contra el crimen organizado, al concentrar la investigación en un sólo Juzgado. 'La reciente operación contra la mafia china no se puede hacer con 300 juzgados investigando en toda España', razona. En todo caso, cree que el terrorismo es una forma de crimen organizado 'por mucha historia que se quiera contar. Es la degradación del delito político. Funciona igual que la mafia, por lo que encaja perfectamente'.

Además, Mendizábal cree que lo da trabajo a la Audiencia no es el terrorismo, que califica de 'no difícil de investigar', sino asuntos complicados como el de la Colza, que llevó en sus primeros años, o el narcotráfico.

El creador de la Audiencia, y su presidente durante más de diez años, resume: 'Suprimir la Audiencia sería absurdo porque es una herramienta que ha demostrado su utilidad. España en este campo ha ido por delante y no conviene tirarlo por la borda. Esperemos no seguir nuestra constante histórica de estropear lo que marcha bien'.

De forma distinta a Mendizábal opina un sector de la doctrina desde el momento de la creación de la Audiencia, y lo hace ahora, entre otras voces significadas, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles. 'La Audiencia Nacional ha cumplido su papel, muy bien, y una vez que lo ha terminado ya no tiene razón de ser'. Destaca que el tribunal se articuló para luchar contra el terrorismo de ETA, por lo que, si ésta deja de actuar, deben trasladarse sus competencias penales a jueces territoriales.

Por su parte, el actual presidente de la Audiencia, Angel Juanes, firme defensor del órgano que encabeza, se pregunta: '¿Qué razones habría para suprimir un tribunal que funciona bien dentro y fuera de nuestras fronteras? Si no existiese la Audiencia Nacional habría que crearla, y si desapareciese, los grandes delincuentes lo celebrarían'.

Juanes respalda incluso la asunción de nuevas competencias por la Audiencia, pero no porque hayan disminuido los delitos de terrorismo, sino por el desarrollo de nuevas formas de delincuencia en materia de crimen organizado, tráfico de armas o trata de seres humanos.

De la misma opinión es el decano de los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia, Santiago Pedraz. 'La razón de ser del tribunal desde hace varios años ya no es el terrorismo', y, con la actual legislación, 'no cabe otra solución para investigar causas de crimen organizado o complejas como Afinsa o las relativas a entidades bancarias'.

'Un juzgado de instrucción ordinario --agrega Pedraz-- no tiene la capacidad suficiente para instruir este tipo de causas, además de que se originarían contínuos problemas de competencia entre ellos'. Tampoco cree que el descenso de actividad de ETA haya reducido la carga de trabajo, porque han aumentado las causas económicas. 'En mi juzgado se sigue un asunto por el llamado timo del nazareno por estafa de 30 millones de euros y con 150 empresas cárnicas perjudicadas', pone como ejemplo.

Fernando Grande-Marlaska, desde la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia, cree que 'nunca ha de ponerse en relación el pasado ni el presente ni mucho menos el futuro de la Audiencia Nacional con la banda terrorista ETA. Suprimirla sería un balón de oxígeno para los grandes delincuentes'. En su opinión, la asunción de nuevas competencias no debería hacerse por la disminución eventual de casos de terrorismo, sino teniendo en cuenta 'la gravedad de la actividad criminal y su incidencia en las instituciones del Estado'.

Diego Córdoba, desde la presidencia de una Sala distinta a lo penal como es la de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia, aunque también puesta en cuestión por partidos nacionalistas al entender que centraliza competencias, se muestra partidario de la continuidad del tribunal porque su cometido va mucho más allá de la persecución del terrorismo.

Defiende la existencia de su Sala en que el Estado debe contar con 'un órgano encargado de conocer y controlar en primera instancia la actividad de la Administración Central, al margen de la tarea revisora del Tribunal Supremo. En ese orden, destacó que tendría sentido mantener la Sala de lo Contencioso aunque desapareciese la de lo Penal.

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