Llevó a su pareja hasta un descampado alejado de la ciudad, le roció el cuerpo con líquido inflamable y después le prendió fuego. La mujer, de 20 años, murió carbonizada. El presunto agresor, un joven rumano de la misma edad, telefoneó a los servicios de emergencia para confesar el crimen. Ocurrió a última hora del martes en Alcalá de Henares, a 34 kilómetros de Madrid.  

Una ambulancia trasladó al hombre al hospital de La Paz, en Madrid, donde fue atendido con quemaduras leves en las manos. Tras recibir el alta, fue inmediatamente detenido por la Policía y pasó a disposición judicial. Sólo hace una semana, una mujer de 44 años y su hijo de 11 fueron asesinados en la misma localidad madrileña por la pareja de la víctima. Desde que arrancó el año, ocho mujeres han muerto presuntamente a manos de sus compañeros sentimentales.

“Tremenda preocupación”

Estos datos inquietan a las asociaciones de mujeres. “La cifra nos da escalofríos y nos produce una tremenda preocupación”, señaló ayer Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, exigió mayor implicación de las instituciones y de toda la sociedad porque “no es de recibo que se siga considerando la violencia machista como una violencia que pertenece al ámbito de la intimidad”. Y Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, reconoció en que “debe mejorarse la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género”, aprobada en 2004, para que sea más efectiva y operativa. Desde que entró en vigor hace 30 meses, esta normativa ha protegido a más de 90.000 mujeres. Aún así, las organizaciones feministas coinciden en que los mejores resultados de la ley están por llegar, a pesar de que existen algunos fallos en su aplicación. Por ejemplo, dicen las asociaciones, es necesaria una mayor implicación de algunos gobiernos regionales, intensificar la colaboración entre las administraciones que se encargan de aplicar la ley, y más esfuerzo y sensibilización para explicar a la población inmigrante las consecuencias penales que comporta la violencia de género en España. “Debemos ofrecer toda la información posible a las mujeres extranjeras sobre cuáles son sus derechos cuando llegan a nuestro país. Y también debemos explicar a los inmigrantes varones de que este tipo de violencia, en España, implica un delito”, indica Altamira Gonzalo.

Los casos se suceden día a día. La Guardia Civil informó ayer mismo de la detención en Salteras (Sevilla) de un hombre de origen marroquí que a punto estuvo de asfixiar a su novia con un alambre hace dos semanas. El detenido tenía una orden de alejamiento sobre su actual pareja.