El Ayuntamiento de Vic intentó en enero pasado extralimitarse en sus competencias y vetar incluso se planteó delatar el empadronamiento a aquellos ciudadanos extranjeros que no tuvieran papeles. De aquel debate vinculado a la inmigración queda poco hoy. En las últimas semanas, los consistorios de El Vendrell y Calafell le han dado la vuelta, iniciando una huelga de celo en la persecución de los vendedores ambulantes ilegales en sus paseos marítimos.

Han tomado la vía pragmática. Han pactado con las que tendrían que ser sus víctimas una zona franca en la que vender sin persecución local. Buscan reducir los problemas en la vía pública tras asumir que su financiación y su policía local no da para perseguir a manteros. 'Un ejército sólo se combate con otro ejército, y nosotros sólo tenemos 67 policías locales y ellos [vendedores ilegales] son entre 80 y 100', explica el alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, quien asegura que la actual decisión es 'transitoria' y asegura que la solución está en manos 'del Gobierno'.

Calafell dice no tener recursos y asegura que la medida es temporal

Un mantero acostumbra a ser una persona sin papeles que vende productos falsificados en un lugar de la vía pública por el que no paga la pertinente licencia comercial. Lo que quiere decir que cada vez que sale a vender tiene tres problemas. Uno con la Policía Nacional, que vela por la Ley de Extranjería; otro con los Mossos d'Esquadra, que se preocupan por la propiedad intelectual e industrial de su mercancía; y el tercero es de la Policía Municipal, por la ocupación de la vía pública.

Mamadou Diagne, de la asociación de sin papeles Nómadas del Siglo XXI, y crítico con la decisión de los dos municipios costeros, plantea sus problemas desde otra óptica: 'Cada vez que salimos a vender corremos el riesgo de perder nuestra mercancía, de pagar una multa de hasta 3.000 euros; de pasar en el calabozo tres noches, e, incluso, de la expulsión. Si no pagamos impuestos es porque no nos dejan: que nos den papeles'.

La decisión de los dos municipios de pactar una zona franca de persecución en su municipio ha irritado al ámbito empresarial, indignado por el agravio que supone para los que pagan sus impuestos y dispuesto incluso a llevar la decisión a los tribunales. Al contrario de lo que sucedió en Vic, PSC y CiU, que gobiernan uno de los municipios cada uno, se niegan a interferir en la política municipal y la respuesta de la Generalitat ha sido tibia. Sólo en el Departament d'Interior, que controla a los Mossos, advierten que las ubicaciones pactadas no serán zonas francas para los controles de la policía autonómica, que no entra en el pacto.

Los empresarios amenazan con una denuncia por la iniciativa

El Ayuntamiento de El Vendrell, con su alcalde Benet Jané al frente, fue el que estrenó la iniciativa, que ahora pide generalizar en toda España la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Tenía el precedente del año pasado, cuando un control conjunto de policía local y Mossos acabó en batalla campal en pleno paseo marítimo de Coma-ruga. Así que en julio pactó con un colectivo de manteros senegaleses su ubicación en la plaza de la Lluna, a una calle de la playa en la que coincidían con tenderetes con licencia.

El pacto funcionó al principio, hasta que manteros de otras nacionalidades han decidido ocupar el espacio inicial de los medio legales. Ayer mismo, cuatro preparaban al mediodía sus mercancías. Pero el grueso llega a partir de las siete de la tarde, cuando el paseo es un avispero de turistas dispuestos a gastar. Con ellos, los controles policiales. La responsable de una tienda del paseo mostraba ayer su enfado con el conistorio, pese a reconocer que el problema 'es del Gobierno, no del ayuntamiento'.