El ICO pagará parte de las deudas de los ayuntamientos a las pymes

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció este viernes después del Consejo de Ministros, como viene siendo habitual.  Anunció una batería de medidas económicas en favor de los emprendedores, pequeños empresarios y los embargados por las hipotecas. También anunció una nueva medida de control de gasto público. En sus mayoría, todas estas medidas fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados después del Estado del debate de la nación. 

No se salió del guión el vicepresidente: de su futuro no dijo ni media palabra. Eludió las preguntas sobre los consejos de Felipe González. Así que se centró en las nuevas medidas que pueden favorecer a Rubalcaba, pasando por la polémica surgida sobre la concesión de la capitalidad europea de 2016 a Donosti (San Sebastián).

Lo más llamativo es la mayor protección que se brinda a los hipotecados que hayan perdido su vivienda por impago y aún deban dinero al banco. El nuevo decreto-ley aumenta la cuantía de los sueldos inembargables: de los 705 euros actuales se pasa a 960 euros y la cuantía va a aumentando en función de las condiciones familiares. En ese sentido, Rubalcaba  puso un ejemplo: a una familia con dos hijos la cuantía del sueldo que no se puede embargar es de 1.347 euros.

También anunció nuevas medidas sobre las subastas, las llamadas ejecuciones de los bienes hiptecados.  En concreto, se ha aprobado elevar el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien ejecutado del 50% actual al 60%. Además, se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.Por otro lado, se eliminan trabas para que una persona pueda pujar en esas subastas: antes había que aportar el 30% del valor de salida del bien hipotecado para poder pujar, ahora sólo seré necesario presentar el 20%.

Desde el Gobierno indicaron que se adoptan estas dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado "no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien".

Contra la morosidad de los ayuntamientos

Otra medida importante que anunció Rubalcaba fue que a partir de ahora el  Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará directamente a los proveedores y Pymes a los que los ayuntamientos deban dinero. El mecanismo es sencillo: el ICO paga a los proveedores la deuda del ayuntamiento, y desde ese momento es el ayuntamiento el que debe el dinero al ICO. Si el ayuntamiento paga, bien; si no paga, el Estado se lo descontará del dinero que anualmente le pase a ese consistorio. 

Esta medida pretende que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.

El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado. Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.

Regla de gasto

Por otro lado, el decreto ley recoge también una medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciaivas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo. Para ello, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes.

También fue una medida estrella la de la regla de gasto del Estado central y de las autonomías. Desde el Gobierno apuntaron que se ha asumido el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía. Con ese fin, el decreto-Ley que se ha aprobado modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales.

Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. Junto a estos elementos anunciados por el presidente del Gobierno, el Decreto-Ley incluye el cumplimiento del mandato de la Ley de Economía Sostenible que exigía una revisión de las reglas de silencio administrativo, transformando en silencio positivo todos aquellos silencios negativos que no estuviesen justificados.