La Iglesia católica tiene unas exenciones fiscales, entre licencias e IBI, de unos 900 millones de euros anuales en España, según una proyección que ha hecho la Fundación Ferrer i Guardia.

La institución, creada en Barcelona en 1987 con el objetivo de impulsar el librepensamiento que defendió el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella 1859 - Barcelona 1909), presentó hoy en Barcelona el informe anual sobre laicidad en España que ayer avanzó en Madrid.

El informe, que calcula que la institución católica recibe anualmente un total de entre 8.000 y 9.000 millones de euros procedentes de "partidas indirectas de carácter público", constata también que las tensiones y conflictos sociales que tuvieron su origen en cuestiones religiosas aumentaron en España durante el año 2011. Éstos fueron impulsados, según la fundación, por la falta de neutralidad de la administración, que favorece a la Iglesia católica en muchas de sus decisines.

Las exenciones fueron establecidas en un acuerdo predemocrático, señala el informe

El informe explica, entre otras cosas, que se calcula que la Iglesia católica posee en España más de 100.000 propiedades que ocupan más de 120.000 hectáreas de terrenos, y denuncia que las exenciones fiscales fueron establecidas en un acuerdo, el del concordato con la Santa Sede, suscrito en periodo predemocrático.

"Estos acuerdos eran temporales y se han perpetuado en el tiempo", explicó a Efe el director de la Fundación, Oriol Illa, que ha afirmado que los conflictos religiosos crecen en España "porque ha aumentado la pluralidad de la sociedad y no se trata el tema religioso desde la neutralidad, no hay un criterio objetivo e imparcial".

El informe concluye que esta "asimetría" en el tratamiento a las diferentes confesiones genera estas tensiones sociales y pone como ejemplos los conflictos por las licencias para construir centros de culto de otras confesiones, la ley del matrimonio homosexual, los abortos o la educación religiosa.

"Pese a que España es un estado aconfesional, hay una religión privilegiada", subrayó Illa, que considera que si el objetivo es fomentar la cohesión social en el marco de una crisis económica "es imprescindible que el tratamiento sea igualitario y que no sea asimétrico como hasta ahora".

Illa recordó que un 20% de los centros de culto en España ya no son católicos y que en un estado democrático y plural "no se puede imponer una determinada moral, porque la sociedad es diversa".

Según el informe, "la gestión de la pluralidad religiosa aparece como un reto cada vez más importante, a la vez que apremiante, para el conjunto de las administraciones locales y continua apareciendo como una asignatura pendiente".

El aumento demográfico de los últimos años ha puesto de manifiesto la existencia de núcleos potencialmente conflictivos que, según la fundación, "amenazan con alterar una buena y sólida convivencia y cohesión social".

El informe agrupa en cinco categorías los principales motivos de conflicto el año pasado en España: la petición de modificación de un calendario marcado por festividades de origen religioso; las áreas dedicadas al culto en espacios públicos; el uso y gestión de los cementerios; la construcción de nuevos centros de culto; y la simbología, como el uso del burka, el niqab u otras prendas de clara y fuerte simbología religiosa.

"La pluralidad religiosa no se puede actualmente, ni previsiblemente se podrá en el futuro, gestionar desde la exigencia de algunos privilegios que aún existen, como tampoco desde el chantaje al rechazo y xenofobia que utilizan algunos grupos de extrema derecha", alerta el informe.

"Sólo desde el respeto a la norma vigente y desde un estricto posicionamiento de neutralidad de los poderes públicos, la res-publica aparecerá como un espacio de responsabilidad común y compartida", concluye el estudio.