Hoy parece impensable que vuelva a vivirse en España la alarma social que desen-cadenó en los años ochenta del siglo pasado la proliferación del consumo de heroína, con la delincuencia que llevaba asociada. Sin embargo, la falta de fondos que sufren actualmente las organizaciones no gubernamentales que llevan gran parte del peso de la asistencia a los drogodependientes hace temer a estas entidades que, de nuevo, las drogas dejen de ser una cuestión sobre todo sanitaria para convertirse en un problema social visible en las calles.

Y es que, según denuncian las voces más representativas de este sector, los retrasos de comunidades y ayuntamientos a la hora de pagar las subvenciones y convenios con los que se financia la asistencia a los drogodependientes y las labores de prevención están ya poniendo en serio peligro la continuidad de estas actividades. Las ONG sostienen que muchos servicios están abocados al cierre, que miles de trabajadores llevan meses sin cobrar sus nóminas y que en breve muchos de los toxicómanos que hoy están 'controlados' y en tratamiento volverán a la calle. Además, están convencidas de que el problema no ha hecho más que empezar, ya que temen que todas las administraciones cercenen en 2012 el presupuesto dedicado a la atención a las 250.000 personas que, según sus cálculos, reciben actualmente ayuda cada año por su adicción.

En torno a 2.000 trabajadores de ONG llevan meses sin cobrar

'El mayor problema ahora son los retrasos en los pagos, que oscilan entre los tres y los siete meses según los sitios; los recortes todavía no están decididos, pero estamos seguros de que va a haber', señala Modesto Salgado, presidente de la Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (PODA). En la misma línea, el presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), Luciano Poyato, sostiene que sólo a las más de 250 asociaciones que forman parte de esta entidad les deben más de diez millones de euros en retrasos de los pagos de los convenios firmados con las administraciones. Estas demoras han causado ya que la mitad de los 3.600 trabajadores de las ONG de UNAD lleven 'más de cinco meses sin cobrar'. A su juicio, de mantenerse esta situación algunos servicios comenzarán a cerrar en breve.

El problema está extendido, pero las ONG critican especialmente lo que ocurre con los retrasos en autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha, País Valencià o Catalunya.

En el caso de Madrid, donde las ONG han convocado una protesta para el miércoles ante la Consejería de Sanidad, los retrasos ya están provocando problemas serios en algunas asociaciones. Es el caso de Punto Omega, a la que le adeudan 350.000 euros y que afronta una regulación de empleo para prescindir de 40 de sus 100 trabajadores por los impagos, según fuentes del comité de empresa. 'Es imposible mantenerse con recursos propios', sostienen las mismas fuentes, que dan por hecho el cierre a final de año de sus tres pisos para drogodependientes. '16 trabajadores se irán a la calle y 24 pacientes se quedarán sin atención', se lamentan.

'Sin la cobertura de estas entidades, los usuarios volverán a la calle', dice un experto

Desde la Comunidad, la directora de la Agencia Antidroga, Almudena Pérez, afirma que 'todos los pagos' a las ONG que tienen convenios suscritos con ellos 'están ya tramitados' y, en cuanto a las subvenciones, sostiene que 'no hay recortes' previstos para 2012. De hecho, señala que, aunque las partidas para actividades contra las drogas han bajado casi un 35% hasta los 165.144 euros, el importe dedicado a los centros y servicios ha pasado de 880.000 a 980.286 euros. 'La red [asistencial] mantiene su funcionalidad plenamente operativa', sostiene frente a las críticas de las ONG.

También hay problemas en Castilla-La Mancha, donde la Federación de Asociaciones de Lucha contra las Toxicomanías denuncia a través de su presidente, Alejandro Márquez, que les deben 1,7 millones de euros y que se mantiene el servicio porque 'trabajan sin cobrar' y gracias a líneas de crédito privadas 'ya gastadas'. Otro caso es el de Catalunya, donde las ONG han sufrido un recorte del 2% en los fondos para pisos y comunidades terapéuticas, como señala Felisa Pérez, presidenta de la Federación Catalana de Drogodependencias. Pérez sostiene que algunos servicios de reducción de daños, sobre todo en Barcelona, ya se han forzados a reducir su actividad en tasas del 7% al 10%, si bien aún no ha habido cierres. También en Andalucía ha habido una disminución del 17% en los recursos de prevención, aunque no de asistencia, según señala por su parte Poyato.

Pero no sólo es sólo cuestión de recortes: la crisis y la propia invisibilidad del problema están relegando las políticas de drogodependencias a un segundo plano, dice Ignacio Calderón, director de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Según señala, en muchas comunidades las políticas de drogas están perdiendo importancia para integrarse en los servicios de salud como departamentos de menor rango. Esto puede causar problemas porque los drogodependientes, y especialmente los heroinómanos (y hay unos 150.000 en España, según sus cálculos), tienen una problemática que 'no es fácilmente asumible' por los servicios de salud. 'Una persona en tratamiento con metadona no puede ir a un centro de salud a ver si le atienden y que le digan que vuelva la semana que viene', señala Calderón, que considera esencial la cobertura que dan las ONG, hoy en riesgo. 'Las ONG dependen de fondos públicos; si no llegan y desaparece esa red de cobertura, el problema puede descontrolarse y los drogodependientes pueden volver a la calle', advierte.