Las decisiones las tomaba Jaume Matas. Es lo que sostienen algunos de los imputados en el caso Palma Arena, que apuntan al ex presidente balear como el supuesto principal responsable de las irregularidades que se investigan en la construcción del velódromo de la capital balear, que costó más del doble de lo presupuestado.

Aunque no lo nombraron directamente, los primeros en apuntar a 'instancias superiores' fueron el ex presidente del consorcio del Palma Arena, ex concejal de Deportes y portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de Palma, Rafel Durán, y el director general de Deportes durante la pasada legislatura, el medallista olímpico José Luis Pepote Ballester. Ambos se desvincularon así en sus declaraciones ante el juez instructor del caso, José Castro, de algunas de las decisiones más polémicas que se tomaron en torno al Palma Arena. Los dos cargos del PP están ahora en libertad provisional bajo fianza de 15.000 y 50.000 euros, respectivamente.

Una de esas instrucciones desde las altas instancias fue la adjudicación del proyecto del pabellón a los hermanos arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, quienes se encargaron de terminar el diseño que había empezado el alemán Ralph Schürmann. Ambos profesionales cobraron unos 9 millones de euros por un contrato adjudicado a dedo y sin que se hiciera ningún concurso público.

De la declaración judicial de los hermanos se desprende que el contrato que suscribieron con el Gobierno balear era 'atípico' y que les había sido otorgado por el propio Jaume Matas vía telefónica. Se da la circunstancia de que ese despacho de arquitectos se encargó en su día del diseño y la construcción de la nueva sede del PP balear, inaugurada durante la legislatura pasada y situada en el centro de Palma.

El ex presidente autonómico se ha visto, por ahora, implicado en el caso solamente por vía familiar. Su cuñado Fernando Areal, ex gerente del PP en Baleares, ha sido citado a declarar como imputado. Areal habría entregado a la agencia de comunicación Nimbus, empresa encargada de la campaña electoral del PP balear en las elecciones de 2007, 70.000 euros en dinero negro. El propietario de la agencia, Miguel Romero, está imputado también en esta causa tras ser detenido en el marco de la operación Espada y puesto en libertad bajo una fianza de 15.000 euros después de declarar ante el juez Castro. Su agencia se embolsó, supuestamente, contratos públicos por valor de más de un millón de euros, entre ellos la publicidad del Palma Arena.

Fernando Areal, que declarará el 31 de este mes, podría enfrentarse al delito de financiación ilegal y malversación de caudales públicos.

Tantas veces le han silbado los oídos a Matas desde Estados Unidos, donde trabaja para PricewaterhouseCoopers, que ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha ofrecido a comparecer, de manera voluntaria, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que instruye la causa, para 'aclarar cualquier cuestión' acerca los pormenores de las obras del velódromo que se llevó a cabo durante su mandato, tal como avanzó su abogado Rafael Perera.

El caso ha salpicado también a la actual líder del PP balear y eurodiputada, Rosa Estarás. Su número dos cuando era vicepresidenta del Govern autonómico,Jane King, fue citada a declarar como imputada esta semana. King achacó sus decisiones, de nuevo, a 'altasinstancias'.