Quebrantó la orden de alejamiento y la mató. Sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento... De una o de otra forma, la frase corre el riesgo de convertirse para la sociedad en lo que para muchas mujeres se ha convertido el maltrato: algo normal. La cotidianeidad de casos en los que la violación de las medidas de protección termina en asesinato ha llevado a varias asociaciones de mujeres a pedir más mano dura a los jueces de violencia de género: “Es necesario que las unidades de valoración de riesgo funcionen bien y que los jueces pierdan el miedo a aplicar la prisión preventiva; es una medida que no se puede descartar porque a veces es el único modo de proteger a las víctimas”, afirma Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.

Cuatro de las 24 mujeres asesinadas en lo que va de año disponían de medidas de protección, según el Ministerio de Igualdad. Siete de ellas habían presentado denuncia; dos la retiraron. Las asociaciones lamentan que el juez suela anteponer el derecho del presunto maltratador a la protección de la víctima: “Los jueces deberían pensar más en el peligro que corre la mujer y completar las pruebas con exámenes periciales, valorar el riesgo real para tomar la decisión más justa”, sentencia la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Disminución del 31%

El pasado año, los juzgados de violencia de género adoptaron en 1.378 casos la privación de libertad como medida cautelar, según el Consejo General del Poder Judicial. Los datos revelan una disminución del 31% con respecto a 2005, cuando se estrenó la ley integral. Las órdenes de alejamiento se mantuvieron en torno a las 15.000. Las organizaciones, no obstante, son conscientes de que aplicar la prisión preventiva es díficil por la falta de pruebas: “Es un delito de ámbito privado y, en la mayoría de los casos, no hay más testigos que la víctima y el agresor”, asegura Besteiro.

La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Montserrat Comas, asegura que los jueces aplican la prisión preventiva adecuadamente, pero confirma la dificultad probatoria de las víctimas: “El hecho de que el 30% de las denuncias finalicen con sobreseimiento provisional o absolución no significa que los hechos denunciados fueran falsos, sino que no hay pruebas suficientes”. El resto, el 70% de los hombres enjuiciados por violencia de género, son condenados.