Si después de considerar inútiles, según providencia del pasado miércoles, los escritos de las acusaciones populares de Manos Limpias y Falange, y tras la relevante pieza jurídica de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el magistrado instructor Luciano Varela decide dictar auto de apertura de juicio oral, confirmaría que es un instructor injusto a sabiendas. Entre otras, por dos razones: estaría usando unas acusaciones incapaces de presentar algo más que una vulgar octavilla de propaganda para hacer un ajuste por cuenta propia con Garzón y al tiempo traicionaría sus propias convicciones expuestas en su voto particular en el caso Atutxa. La verdadera batalla jurídica, pues, sólo acaba de comenzar.

¡Cuánta razón tenían los magistrados Granados, Martínez Arrieta y Joaquín Jiménez cuando, en su voto particular de abril de 2008 sobre la sentencia del caso Atutxa, advirtieron contra esta perversión! ¿Acaso Varela no les da la razón con la providencia por la cual ha conminado y ayudado a las 'acusaciones' a perfeccionar su escrito?

'Más bien puede afirmarse que la derivación al sistema de justicia penal de conflictos escasamente jurídicos o simplemente la utilización del proceso penal para finalidades ajenas a su propio cometido parecen vehicularse, actualmente, a través del ejercicio de la acción popular en no pocas ocasiones', decían los tres magistrados citados.

Que las 'acusaciones' ilegítimas, según la fiscalía, han canalizado por la puerta grande del Supremo conflictos escasamente jurídicos no cabe duda ninguna. Pero ¿después de urgir a esas 'acusaciones' para que se pongan las pilas y lo ayuden a montar la apertura del juicio oral, acaso el magistrado Varela no se ha colocado en situación de utilizar el proceso penal para finalidades ajenas a su propio cometido?

Varela fue contrario a la adopción de la doctrina Botín por la cual no sería conforme a derecho abrir juicio oral en el procedimiento abreviado por el impulso exclusivo de la acción popular. Meses después, cuando la mayoría cambió el criterio en el caso Atutxa, tuvo la valentía de advertir de que, aun cuando él no había votado la doctrina Botín, el nuevo viraje suponía una violación del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Precisamente, como recuerda el escrito de la fiscalía ayer, un recurso de amparo contra dicha sentencia ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional con el citado argumento y el respaldo de la fiscalía, y está a la espera de una resolución.

Este caso se ha convertido en una apasionante partida de ajedrez jurídico. El magistrado Varela, al indicar a las acusaciones lo que deben quitar y poner '¡Mira que les he dado todos los argumentos en mis autos y no hay forma de que se enteren!', es la voz que parece escucharse tras su providencia del miércoles ha incurrido en una contaminación.

La sala encargada de los recursos y que, a su vez, tendrá que convertirse en tribunal tampoco ha podido evitar la contaminación. Y la presencia en esa sala de un magistrado como Joaquín Jiménez, firmante del voto particular conjunto y de otro por separado en el caso Atutxa, asegura una voz discrepante a la hora de los debates.

La fiscalía ha puesto a Varela frente al espejo de sus propias convicciones y le ha trazado el sendero jurídico justo. El auto de apertura de juicio oral con fórceps contra Garzón sirviéndose de unas 'acusaciones' fantasma y en abierta contradicción con su claro y meridiano 'autoprecedente', ateniéndonos al propio concepto desarrollado por el magistrado instructor, sería un acto contrario a derecho. Y aunque contra ese auto no hay técnicamente recurso previsto en la ley, no desmayar. La fiscalía sólo ha establecido su posición de infantería. Todavía hay margen para otros movimientos de tropa antes de llegar al banquillo.