De aprobarse la reforma laboral planteada por Izquierda Unida, no sólo se volvería al punto anterior a la aprobación del real decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy. Se volvería incluso al momento anterior a la aprobación, por parte del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, de su propia reforma del mercado de trabajo. Es decir, que lo que pretende el grupo parlamentario que comanda Cayo Lara en el Congreso es 'impugnar de raíz la premisa sobre la que se han venido justificando hasta ahora las reformas laborales', y muy especialmente el texto elaborado por el Ejecutivo del PP, 'y un intento de recuperar los equilibrios perdidos' en anteriores modificaciones, de manera que sea 'la flexibilidad pactada y la negociación colectiva el mejor instrumento de ajuste', sin que suponga 'una precarización de las condiciones de trabajo'. 

El diputado Gaspar Llamazares ha presentado hoy miércoles desde Oviedo la enmienda de totalidad, con texto alternativo [descargar aquí] , que su grupo ha registrado a la reforma laboral de Rajoy, y que con el resto de enmiendas se discutirá en el pleno del Congreso el próximo jueves 12 de abril. El objetivo es parar una 'ley feudal que convierte a los trabajadores en siervos', quiebra la concertación y los equilibrios entre obreros y patronos, y sólo servirá para profundizar la crisis y acentuar el desempleo. La propuesta de IU-ICV-CHA (La Izquierda Plural) se sitúa 'en las antípodas' de la iniciativa del Gobierno, y ha sido elaborada en colaboración con los sindicatos, sobre todo CCOO. Bebe de hecho de la Iniciativa Legislativa Popular que presentaron las centrales en junio de 2011, en aquel momento como reacción a la ley fabricada por el Ejecutivo de Zapatero [ver aquí].

El grupo endurece las condiciones del despido objetivo y recupera el permiso previo para los ERE

A lo largo de 52 páginas, IU desgrana su propuesta alternativa, mucho más completa que la presentada en julio de 2010 contra la reforma socialista, dado que la agresión a los derechos laborales ha sido con Rajoy 'mucho mayor'. Combate, para empezar, con la generalización del despido por causas objetivas que promovió el Gobierno del PP. El texto de Izquierda Plural endurece las condiciones para que las empresas puedan alegar causas económicas para despedir. IU entiende que no es suficiente con que haya una minoración de ventas o ingresos –así figura en el real decreto ley del Ejecutivo–, sino que la compañía debe justificar que el despido contribuye a 'superar una situación económica negativa', siempre y cuando la crisis afecte a la empresa en su conjunto o a su propia viabilidad por la cuantía enorme de las pérdidas o consiga acreditar documentalmente su mala situación. Asimismo, se plantea recuperar el procedimiento de autorización administrativa previa por parte de la autoridad laboral para los casos de despidos colectivos (ERE).  También IU hace mucho más difícil echar por causas objetivas alegando el absentismo del trabajador. 

Izquierda Plural recupera la regulación en los casos en los que el despido sea declarado nulo: se obliga a la readmisión del trabajador, a no ser que éste opte por recibir la indemnización. Cuando el despido sea improcedente, el patrón podrá elegir entre readmitir a su trabajador o pagarle una indemnización de 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades. En el texto del Gobierno, el contrato indefinido con derecho a 45 días desaparece, para ser reemplazado por el de 33 días. En la práctica, con la reforma laboral del PP se generaliza el despido con 20 días de indemnización y un máximo de 12 mensualidades.

Izquierda Plural vuelve a dar músculo a la negociación colectiva, para impedir que en las pequeñas empresas las relaciones entre patronos y trabajadores se deban dirimir frente a frente, en situación de debilidad para los empleados. Y para impedir que prime el convenio de empresa sobre el sectorial o de ámbito superior. Así se conseguiría que la flexibilidad fuera 'negociada y pactada', y no impuesta por el propietario. De igual modo, se acotan los casos en los que el empresario pueda modificar sustancialmente, y de modo unilateral, las condiciones de trabajo. 

El grupo propone que, por norma, el contrato sea indefinido, 'con la excepción de aquellos supuestos en los que exista causa para su temporalidad'. Rechaza que las fórmulas de incentivo a la contratación oculten bajo ese nombre 'claros mecanismos de fraude de ley', bien fijando periodos de prueba de un año (como hace el Gobierno con su contrato de apoyo a los emprendedores) o con el encadenamiento de contratos temporales. 

Por último, el texto prohíbe la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos. IU propone distinguir claramente entre las agencias privadas sin ánimo de lucro que colaboran con los Servicios Públicos de Empleo de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Llamazares explicó hoy en Oviedo que Izquierda Plural está dispuesta a estudiar los textos alternativos de otros grupos. Pero hizo dos advertencias: IU no apoyará a los socialistas si presentan como alternativa su reforma laboral de 2010 que les costó una huelga general (y eso es lo que han hecho). Y tampoco respaldará a UPyD en su 'empeño' por defender el contrato único, que supone extender el contrato temporal a todo el mundo, tal y como en su día sugería el BBVA.

De cualquier modo, las cinco enmiendas de totalidad registradas en el Congreso –la de IU-ICV-CHA, más las del PSOE, UPyD, ERC y BNG– no tienen ninguna posibilidad de prosperar el próximo jueves, dada la mayoría absolutísima con que cuenta el PP en la Cámara baja y la voluntad, mil veces expresada por el Gobierno de Rajoy (incluso tras la huelga general), de que no modificará las partes troncales de la reforma laboral.