Hace un año, cuando el Gobierno comenzó a hablar de la necesidad de reformar las pensiones, la izquierda minoritaria expresó su rechazo al cambio más significativo: aplazar la edad de jubilación a los 67 años. La discrepancia se mantiene hasta el final. Este martes, 25 de enero, el pleno del Congreso votará el informe de la Comisión del Pacto de Toledo e Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), ERC y BNG defenderán su voto particular. El texto, de 10 páginas, y al que ha tenido acceso Público, exige que la ampliación de la vida laboral sea voluntaria [consultar aquí el documento].

La izquierda minoritaria propone medidas “para evitar alarmismos, y sin recortar derechos”. Primero, que se estimule a aquellos que quieran jubilarse más tarde, y que se reduzcan los incentivos existen para retirarse antes. Asimismo, pide que las empresas soporten más costes en las prejubilaciones, justo para limitarlas y se carguen más las espaldas de la Seguridad Social. Se opone a que sean necesarios más de 35 años trabajados para cobrar la pensión máxima y a que se aumente el periodo de cálculo de la base reguladora (hoy, los últimos 15 años), dos parámetros que pretende tocar el Gobierno pero que “endurecen el acceso” a la asignación y “reducen las prestaciones medias”, dice el texto. Los firmantes avanzan una cifra: 'Si se amplía la edad de jubilación a los 67 años y le sumamos un cálculo de la base reguladora, considerando toda la vida laboral, la pensión media se rebajaría en un 26,4%'. Y otras dos más: 'Aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%, y si se le añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%'. Por tanto, postergar la edad de retiro es, según la izquierda arcoíris, 'una medida antisocial, extrema e innecesaria'.

De ahí que la mejor solución sea la 'jubilación flexible', un mecanismo que, como recuerdan los grupos, 'ha conseguido que en menos de cinco años la edad de jubilación real pase de 62,87 años a 63,27 años'. 

Los grupos calculan que retrasar la edad de retiro a los 67 y aumentar el periodo de cálculo rebajaría un 10% las pensiones

IU, ICV, ERC y BNG exigen que quede “garantizada en todo momento” la actualización de las pensiones, “sin que puedan adoptarse” medidas como “la congelación o una revalorización inferior” al Índice de Precios al Consumo (IPC). Y si no hay más caminos, piden que se consulte al Pacto de Toledo. El 'objetivo irrenunciable' ha de ser siempre asegurar el 'equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro' y caminar hacia la mejora de las asignaciones. Otra petición es que vayan engordándose las pensiones de viudedad y orfandad.

El voto particular demanda la clarificación de las fuentes de financiación. Es decir, que las pensiones contributivas salgan “básicamente” de las cotizaciones a la Seguridad Social, sin impedir que en época de crisis el Estado inyecte también financiación a través de los Presupuestos. Las no contributivas deberían pagarse vía impuestos. 'No se pretende realizar excepciones generales al principio de contributividad al sistema, sino que de forma transitoria, los ingresos del Estado se empleen solidariamente para proporcionar pensiones dignas' a los que 'desarrollan una actividad económica que aún dista de tener una productividad satisfactoria, y por tanto no pueden realizar un esfuerzo mayor para generar un mayor derecho a su pensión futura, y también como garantía de solvencia del sistema de pensiones ante eventuales crisis transitorias, evitando que tengan una traslación automática en la cuantía de las pensiones', consigna el documento. 

La izquierda reclama que crezca el salario mínimo (hasta 'el entorno de los 1.000 euros') o que coticen los becarios para engordar los ingresos de la Seguridad Social. Asimismo, apuesta por que los empresarios aumenten sus cotizaciones a la Seguridad Social, convencida de que 'el incremento de las bases de cotización supone una mejora de los ingresos del sistema que ayudan a su reforzamiento y sostenibilidad'. IU, ICV, ERC y BNG solicitan igualmente que se reduzcan “considerablemente” las desgravaciones por contratar un plan de pensiones privado.

El 'objetivo' ha de ser el equilibrio del sistema y la mejora progresiva de las asignaciones

Con respecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones, que ahora tiene 64.001,72 millones de euros), los cuatro partidos recuerdan, en tono de crítica, que el PSOE ya pretendió sacarlo a bolsa y 'externalizar su gestión', aunque 'afortunadamente' no se atrevió. Defienden, en consecuencia, que el fondo siga gestionado por la Administración pública y que el ingreso de sus excedentes se realice con 'la máxima celeridad', para favorecer la 'transparencia y claridad presupuestaria'.

El texto también incluye, en su parte introductoria, una dura crítica a la actitud del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El compromiso de 'recortar' el sistema ha llevado al Gobierno 'a desestabilizar el propio Pacto de Toledo y a alimentar un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, justificando drásticos recortes por la teórica inviabilidad del sistema a medio y largo plazo'. El Gabinete socialista se suma, a juicio de la izquierda, 'a los agoreros de siempre que vaticinan cada dos por tres el colapso del sistema, y que tienen intereses evidentes en la expansión de los planes privados de pensiones'. 

Ya queda poco para saber cómo quedará el nuevo sistema. Tras el pleno del Congreso este martes, el Gobierno aprobará el viernes, 28 de enero, el proyecto de ley de reforma, que enviará a la Cámara baja para su tramitación.