La izquierda abertzale y el resto de fuerzas firmantes del Acuerdo de Gernika (Aralar, EA, Alternatiba y AB) medirán hoy, en una manifestación en Bilbao contra la política penitenciaria de España y Francia, su capacidad de movilización social para impulsar un proceso de paz.

La convocatoria parte de una iniciativa popular, pero tras la pancarta, con el lema en euskara Los presos y las presas vascas a Euskal Herria. Demos un paso adelante, se situarán las fuerzas firmantes de dicho pacto, así como ELA, el sindicato vasco mayoritario.

En el Acuerdo de Gernika, la izquierda abertzale, EA, Aralar, Alternatiba y AB reclaman a ETA un alto el fuego unilateral, permanente y verificable 'como expresión de voluntad' para un definitivo cese de la violencia. Y esperan un comunicado de ETA 'inminente', según fuentes abertzales citadas por Europa Press. Además del alto el fuego, las otras dos patas que, según dicho pacto, deben sustentar un proceso de paz son el cese de la política penitenciaria, objetivo de la protesta de hoy, y la legalización de la izquierda abertzale. Esta rechazará el uso de la violencia en los estatutos de su nuevo partido, que presentará a finales de este mes. Ayer, la portavoz Miren Legorburu insistió en que la legalización es 'necesaria' para el 'proceso democrático'.

Entre tanto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazaba ayer prohibir la manifestación, al estimar que 'no hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada'. Tampoco cree que con la marcha, aunque esté convocada para defender los derechos de los 'presos políticos vascos', se pretenda exaltar el terrorismo o humillar a las víctimas de estos delitos.

Como proponía el fiscal Jesús Alonso, el juez ordena a la Ertzaintza y la Delegación del Gobierno que adopten medidas para evitar posibles delitos, como enaltecer a ETA o humillar a las víctimas. Al contrario de lo que sostenían las asociaciones de víctimas denunciantes, Pedraz destaca que la convocatoria surgió de una plataforma nacida en noviembre e integrada por personas de la política, el deporte y la cultura. Después se adhirieron el colectivo de presos de ETA y Etxerat, pero también partidos democráticos, agentes sociales, sindicatos y ciudadanos, hasta sumar 4.500 adhesiones. Por eso, el juez resta importancia a la 'coincidencia de ideas entre organizaciones ilegalizadas y otras democráticas'.