'Pelotazo sanitario' y 'barbaridad'. Con estas palabras describieron el jueves representantes de la oposición al Partido Popular la aprobación en la Asamblea de la Comunidad de Madrid del proyecto para privatizar seis hospitales y 27 centros de salud públicos promocionado por la expresidenta, Esperanza Aguirre, y ejecutado por su sucesor, Ignacio González. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han anunciado movilizaciones y acciones en las instituciones de la capital, en las calles, en el Congreso de los Diputados y hasta en los tribunales.

Así lo hizo ver ayer el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien acusó al PP de querer privatizar hasta la Justicia. A su juicio, los conservadores 'aprovechan la excusa de la crisis y el poder de la mayoría absoluta para que hagan negocio unos pocos'.  Y frente a ello, los socialistas han manifestado que no solamente van a estar 'con los profesionales sanitarios y con la gente en la calle', sino que estarán 'en los tribunales' y si llegan al Gobierno revertirán las 'privatizaciones'.

Por su parte, el diputado de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, acusó al PP de 'malversación de fondos públicos y de la Sanidad pública', puesto que sus plan de privatización 'supone un pelotazo sanitario que no es solamente injusto e ineficiente desde el punto de vista de la salud sino que también es inconstitucional'.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Llamazares mostró su voluntad de que el ataque a la Sanidad pública le resulte 'muy complicado' a los conservadores. Y para ello prometió que va a intentar 'por todos los medios sociales, políticos y judiciales bloquear esta barbaridad' de los conservadores que va 'en beneficio de sus amigos'.

Llamazares insistió en que 'el PP ha traspasado todas las líneas rojas' y no dudó en avisar también de que la Izquierda Plural e Izquierda Unida intentará utilizar todos los mecanismos parlamentarios y 'también judiciales' a su disposición para frenar las privatizaciones.

También recordó que ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que dé cuenta de cuáles van a ser sus planes con la implantación del euro por receta y para conocer 'si realmente respeta la salud como un derecho constitucional y defiende la Ley General de Sanidad'.

El jueves, además de aprobar esas privatizaciones, el PP también dio el visto bueno a la imposición del euro por receta. Cabe recordar que el Gobierno central, paradójicamente, recurrió al Tribunal Constitucional su aplicación en Catalunya.