La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó ayer por un acuerdo polémico y confuso por el que autoriza al juez Baltasar Garzón a 'prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional', pese a haber sido suspendido de sus funciones jurisdiccionales el viernes. La resolución ni siquiera menciona la situación en la que el juez pedía ser declarado (en servicios especiales), lo que le permitía conservar su plaza en la Audiencia Nacional.

La decisión se adoptó con los votos del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, el primero nombrado a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Los otros dos miembros de la permanente, Antonio Dorado y Almudena Lastra, anunciaron sendos votos particulares.

Todos los informes que recibió el CGPJ eran favorables a la petición del juez

Todos los informes recabados por la permanente eran favorables a la petición del juez Garzón. Pero el determinante para formular técnicamente la autorización fue el del secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que entendía que los servicios especiales eran incompatibles con la suspensión cautelar de funciones en la que se encuentra Garzón desde el pasado día 14.

Tras regresar de Burgos, donde celebraron la reunión semanal de la permanente, sus cinco miembros volvieron a citarse en Madrid a partir de las 19.30 horas. El acuerdo alcanzado repasa el caso de Garzón, es decir, la suspensión en la que se encuentra y los informes favorables emitidos por 'la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores', a petición de la permanente reunida el pasado viernes.

El acuerdo de la permanente dice textualmente: 'La comisión permanente acuerda participar a Baltasar Garzón Real, así como a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que desde el punto de vista orgánico, no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, y en consecuencia, la comisión permanente permite tal contratación'.

Fuentes del Consejo creen que Garzón puede tener que pedir la excedencia

Tanto Almudena Lastra como Antonio Dorado discrepan de la mayoría, porque entienden que la permanente no resuelve lo solicitado, que es la declaración en servicios especiales. La primera, nombrada a propuesta del PSOE, cree que no hay inconveniente legal para conceder esta situación, como la Fiscalía General del Estado informó ayer al respeto en un extenso dictamen. Antonio Dorado, designado a propuesta del PP, dice, en cambio, que la comisión ha negado la declaración en servicios especiales, por lo que el 'acuerdo debería limitarse a esta declaración, sin perjuicio de que una nueva petición de Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada'.

Fuentes del Consejo indicaron que con este acuerdo Garzón no pierde su plaza en la Audiencia Nacional. Y se dará la paradoja de que compatibilizará el sueldo base que percibe estando suspendido con lo que cobre en la Corte Penal Internacional, porque implícitamente la permanente está permitiéndole la compatibilidad de ambas situaciones.

Otras fuentes señalan que en vez de dar una solución a Garzón, la permanente le ha planteado un nuevo problema, fiscal, porque cobrar ambas remuneraciones es incompatible. Añaden que la compatibilidad de los jueces sólo está prevista para la docencia, por lo que el acuerdo podría acabar forzándolo a pedir una excedencia