La estrategia diseñada por el núcleo duro del Gobierno para abordar la lucha contra ETA hasta las elecciones tiene tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación judicial. El Ejecutivo quiere de esa forma llegar hasta las urnas con una imagen de firmeza que aleje la posibilidad de que el PP pueda utilizar el terrorismo como argumento electoral eficaz.

Esa decisión tiene como causa principal la decisión de ETA de poner fin al alto el fuego y reanudar la actividad terrorista y es consecuencia de la experiencia del PSOE en las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Incomprensión ciudadana 

Tras esos comicios, el análisis de Zapatero y su entorno incluía la constatación de que el PSOE había pagado en las urnas la ambigüedad en asuntos como la ilegalización parcial de ANV y, sobre todo, la situación penitenciaria de Ignacia de Juana Chaos. Constataron que no habían conseguido que los ciudadanos entendieran estas decisiones.

Ahora el Gobierno da por hecho que antes de las elecciones podría estar en prisión gran parte de la actual dirección de la ilegalizada Batasuna y, en general, de la izquierda abertzale.

Arnaldo Otegi ya está en prisión desde antes del verano y podrían seguirle el resto de dirigentes que han participado en las conversaciones paralelas al llamado proceso de paz.

Además, fuentes de La Moncloa aseguran que hay preparados ya informes para proceder a la ilegalización de ANV si se produjeran actuaciones terroristas en las próximas semanas.

Actuación judicial

El Gobierno ha constatado y sigue de cerca el proceso de renovación de la cúpula de la ilegalizada Batasuna y todo el entramado próximo. Las causas son la próxima decisión de las bases y también la actuación judicial.

Otegi en la cárcel ha perdido poder y ni siquiera ha tenido éxito la recogida de firmas pidiendo su libertad. La actuación judicial puede neutralizar también a otros como Fernando Barrena o Joseba Pernach, entre otros, que tuvieron notable protagonismo público hasta ahora.

Según el Gobierno, el relevo lo están tomando jóvenes mucho más desconocidos, sin experiencia política en primera fila y en torno a los treinta años. Ese relevo no se produjo apenas tras el fracaso de las conversaciones de 1999 con el Gobierno de Aznar.