Los jueces se rebelan contra el aumento de sanciones

En lo que va de 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido por falta disciplinaria muy grave a seis jueces. Aunque pueda parecer poco, es un porcentaje más alto que el registrado en los años anteriores, teniendo en cuenta que los datos se enmarcan sólo en los cinco primeros meses del año y que casi alcanzan las impuestas durante todo 2009.

Desde el órgano de gobierno de los jueces hay quien lo atribuye a que tras el caso Tirado se aumentaron los controles y las inspecciones en los juzgados para prevenir que vuelva a repetirse un episodio semejante, que arrastró por el suelo la ya maltrecha imagen de la Justicia.

Tras el caso Tirado', se ha reforzado el celo del CGPJ y hay más castigos

Los jueces no lo ven igual y han puesto el grito en el cielo. No protestan por las sanciones, sino por la "injusticia intolerable" que es a su juicio el incremento registrado en el número de expedientes abiertos a jueces, según ellos, por la mera queja de alguien, sin un mínimo de exploración previa de las circunstancias.

Cada año llegan al Consejo miles de quejas, la mayoría por cuestiones jurisdiccionales, porque no se está de acuerdo con la decisión judicial, lo que sólo puede ser revisable a través de recursos, no por vía disciplinaria. El otro gran grupo de denuncias es por retrasos injustificados. En este caso hay que comprobar si es imputable al juez o por la propia dinámica del juzgado.

Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (FJI) enviaron sendas cartas al CGPJ, reclamando una explicación a "un incremento superior al 80% en la incoación de expedientes disciplinarios". Uno de esos expedientes se le ha abierto a un juez de lo Contencioso por señalar un juicio para 2015. Todos sus compañeros lo hacen por la acumulación de asuntos, pero él ha sido el único expedientado, porque un abogado se ha quejado, señala Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria.

Las asociaciones recibirán una respuesta mañana, cuando se reúna la Comisión Disciplinaria. Se les explicará que el número de sanciones no ha aumentado y se justificará el aumento de expedientes en la necesidad de evitar la "estricta aplicación" del Tribunal Supremo del plazo de seis meses de caducidad de expedientes.

Estas sanciones disciplinarias son independientes de las condenas que pueden recaer en jueces. Las impuestas por el Supremo rondan la veintena, y eso que también tiene que revisar las sanciones fijadas por el Consejo, como ocurrió con la multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por el caso Mari Luz.

La segunda y la cuarta asociación en número de afiliados se quejan de que durante 2009 se abrieron 64 expedientes disciplinarios frente a los alrededor de 35 que "se incoaban anualmente durante el anterior mandato del Consejo". Los expedientes abiertos el año pasado acabaron en ocho sanciones por parte del pleno del CGPJ y otras 21, de la propia Disciplinaria, a la que competen las faltas graves o leves.

El Poder Judicial responderá esta semana a las quejas del colectivo

El aumento de expedientes está directamente relacionado con que este Consejo abre expediente por queja recibida, mientras que el anterior se decantaba, en un primer momento, por las diligencias informativas. Sólo abría expediente una vez comprobado que había visos de infracción disciplinaria.

Aunque no ha sido motivo de protesta por parte de los jueces, las sanciones también han aumentado. Frente a las dos suspensiones (de un año y de cinco meses) y 23 sanciones menores que impuso el CGPJ en 2008, el año pasado esta cifra se elevó a ocho suspensiones y 21 sanciones fijadas por la Comisión Disciplinaria. Un número considerable de esos expedientes corresponden a los mismos jueces, víctimas en muchos casos de problemas mentales.

Entre los castigos impuestos este año destaca uno: la separación de la carrera judicial impuesta por cuatro faltas muy graves al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín, después de que el Supremo le absolviera de los delitos de los que estaba acusado.

La carta del FJI denuncia que "el Consejo no puede convertirse en un instrumento de presión colocando a los miembros del Poder Judicial como el cuerpo con las tasas disciplinarias más altas de la administración pública". Un sentimiento en cierto modo compartido en el propio Consejo, que niega que su actuación sea fruto del corporativismo. Ante esta acusación, el órgano de gobierno reclama que se comparen las sanciones que se imponen a los jueces con la de otros cuerpos del Estado.

En la Comisión Disciplinaria hay tres jueces y dos juristas, pero no discrepan a la hora de imponer sanciones, porque la materia disciplinaria está reglada y debe tenerse en cuenta lo previsto. El vocal de la Disciplinaria Miguel Carmona explica que hay conductas que por muy escandalosas que parezcan no son sancionadas, porque no están contempladas como materia disciplinaria. Por ejemplo, el acceso indebido a registros está castigado para funcionarios y secretarios judiciales, pero no para los jueces.

Sexmero contesta a la acusación de corporativismo recordando que a los jueces se les juzga penalmente, como a cualquier ciudadano; se les sanciona disciplinariamente, como a los funcionarios; y se les exige responsabilidad civil por los errores que hayan podido cometer, lo que no ocurre con ningún otro cuerpo, porque de sus fallos responde el Estado.

Pero cualquier control sobre los jueces parece poco cuando se descubre que también se salta la ley el que está obligado a castigar al que la incumple.