Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, a la greña por el parking

Los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional se han enzarzado en una gresca no por autos, sentencias o resoluciones judiciales, como es habitual, sino por algo tan prosaico como las plazas de aparcamiento.

El conflicto llega mañana al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que previsiblemente anulará el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Audiencia Nacional que resolvió el problema creado por la escasez de plazas de aparcamiento en la nueva sede del órgano judicial en la madrileña calle Prim.

El fiscal jefe en este órgano, Javier Zaragoza, denunció el acuerdo por favorecer a los jueces frente a los miembros de su equipo. La propuesta remitida al Pleno por la vocal Almudena Lastra, que curiosamente procede de la Carrera Fiscal, propone la estimación del recurso de alzada presentado por Zaragoza contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Audiencia Nacional que efectuó el reparto, que es anulado por no ser el órgano competente para adoptar esta decisión.

Se habían asignado a la Fiscalía 4 plazas para sus 15 miembros en la Audiencia Nacional de un total de 22 plazas. De este modo, se reservaron la mayor parte de las plazas disponibles para los jueces -que son 26 entre Sala e Instrucción Penal-, forenses, algún secretario judicial, así como para los coches oficiales para incidencias y traslados a la sede de San Fernando de Henares.

Según la ponencia de Lastra, que consta de 29 páginas, Zaragoza tiene razón al quejarse de que haya sido la propia Audiencia Nacional, mediante la decisión de su Sala de Gobierno, y no el Ministerio de Justicia, el que haya efectuado un reparto que a su juicio perjudica a los miembros del Ministerio Público.

A juicio de la vocal, el reparto "es obvio que va más allá de la competencia de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para fijar normas de utilización de los medios en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial".

La vía para el reparto de las escasas plazas existentes debería haber partido de la Fiscalía General del Estado, mediante una petición a la denominada "Comisión Mixta" que es la que debe efectuar la propuesta al Ministerio de Justicia, competente para el reparto.

Lastra señala que en la sede de Prim, además de la Audiencia Nacional, actúan tres órganos del Ministerio Público, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Antidroga y Anticorrupción. Debería aplicarse, por lo tanto, el mismo sistema de distribución que se aplicó por el Ministerio de Justicia para despachos, secretarias o archivos.

La propuesta de Lastra al Pleno que se celebra este jueves no se pronuncia sobre la falta de proporcionalidad en las plazas asignadas a los miembros Fiscalía, que Zaragoza esgrimía como segundo motivo de su impugnación.

En su día, tras conocerse el recurso presentado por Zaragoza ante el CGPJ, desde la Audiencia Nacional se aseguró que, dada la escasez de plazas, el reparto se ha realizado de forma equitativa, distribuyéndose proporcionalmente los puestos existentes.

Las mismas fuentes destacaron que hay jueces que se han quedado sin plaza y que algunos secretarios judiciales que disponían de este recurso en una zona de tan difícil estacionamiento como es la cercana a la Plaza de Colón se han quedado sin ella. También se han reservado plazas para personas con discapacidad que trabajan en esta sede judicial, a la que acuden cada día unos 400 trabajadores.

Jueces y fiscales de la Audiencia sí estuvieron unidos el pasado mes de junio cuando el Ministerio del Interior acordó retirarles los escoltas y los coches policiales que tenían asignados.