El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó ayer prisión provisional para los siete presuntos piratas somalíes apresados el miércoles en aguas internacionales, cerca del golfo de Adén, por el buque de la Armada Española Marqués de la Ensenada. La medida, acordada a petición de la Fiscalía, permite regularizar su situación, mientras son trasladados a las dependencias judiciales madrileñas.

Andreu abrió diligencias el mismo miércoles tras recibir una comunicación del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, en el que se le informaba de que el buque español había recogido a siete náufragos a los que se acusaba de haber intentado abordar una nave de nacionalidad panameña que repelió el ataque. Y no serán los únicos que tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional, porque ayer el Marqués de la Ensenada arrestó a otros siete cuando intentaban saquear un barco de bandera maltesa. El buque español evitó que huyeran con fuego intimidatorio.

No está en el Código Penal

Aunque el juez todavía no ha especificado qué delitos se imputa a los siete primeros arrestados, la fiscal Blanca Rodríguez menciona detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas en el escrito en el que solicita la prisión. La representante del Ministerio Público no cita entre ellos el de piratería, porque desapareció del Código Penal de 1995.

La Fiscalía sostiene que la piratería es un delito contra la comunidad universal, perseguible por todos los países, según el convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay.

La fiscal recurre al artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para defender la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar la piratería, 'al tratarse de un delito cometido en el extranjero', afirma.

El convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar declara que 'los tribunales del Estado que hayan efectuado el apresamiento' de una nave pirata 'podrán decidir las penas que deban imponerse'.