A la trama de corrupción ligada a la concesión de estaciones de ITV de Barcelona no le falta detalle, tras conocerse la semana pasada que en las investigaciones se incluye el nombre del secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya, Oriol Pujol. La juez de Instrucción número 9 de la ciudad condal, Silvia López Mejía, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo con un relato de hechos que implican, presuntamente, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Joaquín José Ortiz Blasco, que se reunió con uno de los empresarios del sector imputado en la causa y dos abogadas de la Generalitat.

 Fuentes jurídicas destacan que, al tratarse de un magistrado de Tribunal Superior, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo acordar si abre una investigación contra él. La juez López Mejía se dirigió al alto tribunal a petición del fiscal del caso. Según consta en las diligencias, el juez Ortiz Blasco, que preside la Sección Quinta  de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Catalunya, se reunió con uno de los empresarios del sector de las ITV imputados en la causa, Ricard Puignou, y con la directora general del Gabinete jurídico de la Generalitat, Margarita Gil, y una colaboradora suya, Assumpta Palau, que han declarado como testigos.

El citado Puignou impugnó la adjudicación de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la misma. Ortiz Blasco fue el ponente del auto que acordó la suspensión cautelar solicitada, en mayo de 2011. Según fuentes jurídicas, en la exposición razonada se hace mención a estos hechos y otras reuniones mantenidas por el magistrado del TSJ catalán con personajes de la trama.

La juez López Mejía investiga una trama de tráfico de influencias para determinar si un grupo de empresarios y cargos de la Generalitat trató de amañar en su favor un concurso de adjudicación de licencias de ITV que estaba impugnado. Entre los imputados, por delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, figura Josep Tous, director general de Seguridad Industrial en la etapa de Gobierno de Jordi Pujol, presidente de la sectorial de industria e innovación de CDC en el momento de los hechos, y ex vicepresidente de la Diputación de Barcelona; Isidre Masalles, subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat; y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou. La juez está pendiente de recibir informes de la Agencia Tributaria sobre Oriol Pujol, quien es mencionado por terceros en las investigaciones,  para acordar si eleva su caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ante quien está aforado como diputado autonómico de CDC. O bien decide, si no aprecia indicios delictivos, excluirle de las diligencias.