Un juez de Barcelona ordena detener a un empresario que se ha negado a declarar hasta cuatro veces

BARCELONA.- El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha ordenado la detención del empresario y presidente de la inmobiliaria Fergo Aisa, Carlos Fernández, "a fin de que sea presentado en este juzgado" para declarar como investigado tras una querella de un accionista minoritario. El empresario ha rehusado presentarse ante el juez en hasta cuatro ocasiones.

En un auto, el juez Juan Emilio Vila Mayo argumenta que Fernández no compareció "ni ha alegado causa alguna" para no presentarse en el juzgado cuando fue citado para el miércoles 16 de marzo.

La causa parte de una querella presentada por el abogado Felipe Izquierdo, a título personal como accionista minoritario, por una presunta estafa ya que considera que con sus actuaciones le hicieron perder los ahorros que tenía en la compañía inmobiliaria.

No es la primera vez que Fernández es citado y no se presenta en esta causa: fue llamado a declarar el miércoles 3 de febrero y el empresario presentó el mismo día un escrito alegando que se encontraba en Málaga y que regresaría a Barcelona en marzo.

El juez señaló una nueva declaración para el viernes 19 de febrero pero Fernández manifestó que no regresaría a la capital catalana hasta el jueves 3 de marzo; el juez lo volvió a citar el viernes 4 de marzo pero el empresario dijo entonces que no volvería hasta el jueves 10 de marzo.

Fue entonces cuando el juez señaló su declaración para el día 16 y "el querellado no ha comparecido, ni ha alegado causa alguna".

La historia de Fernández es de sobra conocida en los juzgados, donde se acumulan denuncias y citaciones. Su modus operandi es parecido al de Bankia, es decir, puso a la venta acciones de la empresa ofreciendo información falsa o "no realista".

El querellante adquirió en 2012 600.000 acciones de la inmobiliaria por valor de casi 20.000 euros. Entre las razones que llevaron al presunto estafado a esta compra estaba un anuncio de la empresa en el que aseguraba haber obtenido la concesión para construir 20.000 viviendas sociales en Bogotá, algo desmentido por el Gobierno de Colombia.

Un año después, en 2013, Fergo Aisa se declaró en concurso de acreedores. El juzgado mercantil ordenó el embargo de bienes de Carlos Fernández y de otros administradores de la inmobiliaria, por valor de 116 millones. Hoy, Fernández sigue sin presentarse ante el juzgado.