El juez impone una fianza de 3,2 millones a Convergencia por el "caso Palau"

El juez que investiga el saqueo al Palau de la Música de Barcelona ha declarado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como responsable civil "a título lucrativo" y le ha exigido que preste una fianza por valor de 3,2 millones de euros, bajo la amenaza del embargo de sus bienes.

En un auto conocido hoy, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, atiende a la solicitud de la fiscalía y declara a CDC como responsable civil "a título lucrativo" del expolio del Palau, con una responsabilidad pecuniaria de 3,2 millones de euros, que es la cuantía económica estimada del beneficio supuestamente obtenido por la formación política que lidera Artur Mas.

El juez requiere a CDC a que deposite, como máximo mañana jueves, la fianza de 3,2 millones de euros, con el apercibimiento de que si no lo hace "se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe de la fianza". En el auto, el magistrado acuerda abrir una pieza separada del caso para instruir la responsabilidad civil de CDC en este proceso.
El juez ve indicios, a partir de las actuaciones practicadas, que CDC recibió fondos del Orfeó Català por valor de 2,3 millones de euros a través de "entregas opacas de dinero en efectivo" realizadas entre 2002 y 2008 por parte de los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, con la supuesta colaboración de la exdirectora financiera, la también imputada Gemma Montull.

Estas "entregas opacas" de dinero por valor de 2,3 millones de euros fueron a parar a los entonces responsables de finanzas de CDC Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osàcar -también imputado-, aunque el destinatario final era Convergencia, según el magistrado. El juez detalla en el auto que de los 2,3 millones de euros que el Palau desvió a CDC con "entregas opacas", 0,5 millones fueron recibidos por Carles Torrent y 1,7 millones por Osàcar. El magistrado insiste en el auto que el "destino final" de estos 2,3 millones de euros fue CDC, bien directamente o bien a través de la Fundación Trias Fargas (actual Catdem), en la que tanto Torrent como Osàcar ejercían responsabilidades en el ámbito financiero.

El juez también aprecia indicios de que CDC fue beneficiaria de una desviación de fondos de la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música, por un importe de al menos 0,9 millones de euros, a través de las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic. Según recoge el auto, en este caso la desviación de dinero se "instrumentalizó mediante facturación mendaz" durante los años 2007, 2008 y 2009 a través de estas empresas de buzoneo, ya que, o bien facturaron al Palau por servicios que no habían prestado o bien los servicios los prestaban a CDC y los cobraban a la institución.

En el auto, Pijuan subraya que el pago de esta "facturación mendaz" por parte del Orfeó Català se hizo con cargo de donaciones que la fundación había recibido de la constructora Ferrovial, "bajo la apariencia del acuerdo de patrocinio" entre la empresa y el Palau, aunque "lo donado no obedecía a la liberalidad del donante, sino al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora". De hecho, un reciente informe de la Policía Nacional encargado por el juez concluyó que CDC se financió irregularmente a través de su fundación afín Trias Fargas, con la donaciones de empresas de relevancia adjudicatarias de la Generalitat, entre ellas Ferrovial. En su auto, el juez remarca que Ferrovial fue adjudicataria durante la anterior etapa de gobierno de CiU en la Generalitat de obras públicas como la línea 9 del metro de Barcelona y la construcción de la Ciutat de la Justicia.

Según el auto, en el cobro de estas comisiones habrían intervenido Millet y Montull como intermediarios entre Ferrovial y personas afines a CDC, el partido del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuando se adjudicaron esas obras públicas. El juez también detalla que Ferrovial recibió el encargo de construir el nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), gobernada por CiU, así como el revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por Regs de Catalunya, empresa pública de la Generalitat. El juez pone de relieve que los fondos desviados del Orfeó Català mediante la "facturación mendaz" realizada por New Letter y Letter Graphic, fueron a su vez desviados a la sociedad matriz, Mail Rent, mediante una nueva facturación falsa, en concepto de "alquiler de maquinaria", por valor de 1,8 millones de euros entre 2007 y 2009.

Según el auto, en este caso el dinero llegaba a CDC mediante entregas opacas de dinero en efectivo efectuadas por los gestores de Mail Rent, New Letter y Letter Graphic -en un importe que no se ha podido determinar debido, según el juez, a la "opacidad" de las entregas-, y a través de donaciones, por un valor de 775.000 euros.

El secretario de organización de CDC, Josep Rull, ha anunciado hoy que su partido interpondrá un recurso contra el auto del juez para intentar "desmontar" lo que considera indicios "extremadamente débiles" contra su partido, y ha asegurado que se pagará la fianza impuesta.