El constructor alicantino Enrique Ortiz tendrá que aclarar ante el juez el presunto trato de favor en materia de urbanismo que le prodigaron los gobernantes de la ciudad, en manos del PP desde 1995. Ortiz acudirá a declarar el próximo 4 de julio al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La instrucción constituye una de las ramas del caso Brugal, que engloba varias tramas de presunta corrupción política en la provincia de Alicante.

Junto a Ortiz, está llamada a declarar su esposa, María Manuela Carratalá, y también el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada. El constructor está también imputado desde hace varios meses en otra de las ramas del caso Brugal, la relativa a las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, que se sigue en los juzgados de Orihuela (Alicante).

Anticorrupción dice que la alcaldesa informó a Ortiz de la tramitación del Plan

Entre las irregularidades en la tramitación del PGOU que investiga el juez destaca la presunta información privilegiada que el constructor recibió del Ayuntamiento en los meses anteriores a que el proyecto urbanístico fuera hecho público. Según la Fiscalía Anticorrupción, la actual alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, mantuvo reuniones en las que le informó de la tramitación, atendió sus peticiones e, incluso, le mostró planos. Los encuentros tuvieron lugar en el verano de 2008, cuandoCastedo ejercía el cargo de concejal de Urbanismo. La Fisca-lía también acusa a Castedo de aceptar regalos del constructor, como un viaje en yate o un turismo de la marca Mini.

El sumario de la Brugal inclu-ye numerosas conversaciones de las que se deduce el amplio conocimiento que Ortiz tenía del plan. En una de ellas, dice a otro empresario que 'el plan general ya está hecho, yo tengo copia', meses antes de que el proyecto fuera público.

La imputación de Ortiz centra ahora la atención sobre los dos políticos que dirigieron el Ayuntamiento durante el periodo en el que se cometieron los presuntos delitos: Luis Díaz Alperi, alcalde desde 1995 hasta 2008, y Sonia Castedo. Alperi afirmó ayer que la prueba de que todas las acusaciones son falsas es que el PGOU 'no favorece, sino que perjudica a Ortiz'. 'El 80% es falso y el 20% manipulado', dijo en referencia al sumario.

IU, personada en el caso, exige que se suspenda el planeamiento urbano

Por su parte, Castedo también negó que el plan beneficie al constructor y aseguró que la falsedad de las acusaciones se puede comprobar con un análisis del PGOU, en el que, aseguró, no hay beneficios para el constructor.

La tesis de ambos políticos fue ayer rebatida por IU, formación personada en la instruc-ción como acusación desde abril. El análisis del PGOU muestra, según la federación, que los redactores del plan cuidaron de que los intereses de Ortiz no resultaran perjudicados. Así, según muestra el sumario, el empresario acudió al arquitecto redactor para mostrarle su preocupación porque algunos de sus terrenos podían acabar siendo protegidos debido a su valor ambiental. El arquitecto, según se deduce de las grabaciones, tranquilizó a Ortiz y le aseguró que, en ese caso, los terrenos serían protegidos también por el Ayuntamiento.

La consecuencia de esta maniobra sería que el construtor obtendría como compensación otros terrenos en zonas todavía mejores.

El PGOU refleja que, en efecto, las propiedades de Ortiz se incluyeron entre las zonas protegidas. 'El sumario muestra cómo Ortiz presionó para que sus nuevos terrenos estuvieran en la zona de la Condomina y, tal y como el plan está redactado, esto puede pasar. Es evidente que Ortiz salió beneficiado', denunció ayer Miguel Ángel Pavón, concejal electo de IU. El PGOU está aprobado por el Ayuntamiento, a falta del visto bueno de la Generalitat Valenciana. IU ha solicitado su suspensión.