La Audiencia Nacional investiga numerosas operaciones de ocultación de bienes que llevó a cabo el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para eludir sus obligaciones de pago a los acreedores de Marsans, y en las que contó con la colaboración de Ángel de Cabo, el 'liquidador' de empresas en quiebra a quien vendió el grupo en 2010.

Según informaron fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha seguido desde verano la pista de la transmisión de fincas e inmuebles situados en el extranjero y en España, para los que se utilizaron sociedades del entorno de Ángel de Cabo, administradas por su cuñado, Teodoro Garrido, y por supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, todos ellos detenidos en la operación desarrollada este lunes.

Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados situados en el municipio de Calviá (Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras.

Esa compañía habría colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, a lo que hay que unir dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, que también habrían sido ocultados con la misma operativa.

Asimismo, Díaz Ferrán también se habría deshecho a través de sociedades interpuestas de otra vivienda unifamiliar en Calviá e ingresado el importe de la operación en cuentas en el extranjero gracias a la colaboración de Ángel De Cabo.

Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán. Las operaciones de compraventa de los pisos se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC, que en junio de 2007 adquirieron los inmuebles en el hotel por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares.

La representante de las filiales norteamericanas en estas operaciones de compraventa habría sido Marta Díaz, hija de Díaz Ferrán. En marzo de 2010, según las citadas fuentes, ambas sociedades constituyeron una hipoteca conjunta sobre las dos propiedades con el Banco Sabadell por valor de 5,7 millones de euros.

Las empresas mayoristas que presentaron la denuncia contra Díaz Ferrán --Meliá, Viajes Iberojet (Orizonia), Pullmantur y AC Hoteles-- pidieron al juez la imposición de medidas cautelares para evitar que el empresario vendiera estos apartamentos por valor de 12,9 millones de euros, a través de una agencia inmobiliaria de Nueva York llamada Corcoran Group Real Estate.

Holdisan Inversiones, además, sería también propietaria del chalet en la localidad de Calviá (Mallorca) y de un yate de 27 metros de eslora llamado Leuqar --Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría--. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).

Según fuentes jurídicas, dentro de la investigación también se comunicó la pignoración a favor de terceros de la indemnización que podría recibir la matriz de Marsans, Teinver, del Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid había ordenado en mayo de 2010 que se embargaran esos derechos de cobro a favor de la empresa de leasing de aviones, ILFC, pese a lo cual Ángel De Cabo los cedió supuestamente en favor del banco irlandés Burford.

La primera actuación que ordenó la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones fue el bloqueo, el pasado mes de junio, del yate de 27 metros de eslora que tenía el expresidente de la CEOE y que pretendía exportar fuera de la Unión Europea para evitar su embargo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el aluvión de reclamaciones de los acreedores de Marsans.

La denuncia presentada por Meliá y Orizonia, representados por el despacho de abogados Ashurst, y AC Hoteles y Pullmantur, representados por Pablo Chillón, daba cuenta de numerosas transmisiones de activos que fueron detectadas en parte por las administraciones concursales que supervisan los concursos de acreedores como personas físicas de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.