El juez Moreno decidirá si la Audiencia Nacional investiga a Urdangarin

El juez central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se encargará de decidir si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación sobre las actividades del Instituto Nóos de Investigación Aplicada, administrado hasta 2006 por el duque de Palma Iñaki Urdangarin, según han informado fuentes jurídicas.

El Juzgado del magistrado ha sido designado por reparto para pronunciarse sobre el escrito presentado el pasado viernes por el abogado del ex presidente balear Jaume Matas, en que solicita a la Audiencia Nacional que asuma la instrucción de la causa -dependiente de un juzgado de Palma de Mallorca- al afectar el caso a tres comunidades autónomas distintas: la catalana, la balear y la valenciana.

Matas, imputado y en libertad bajo fianza de tres millones de euros. intenta por todos los medios arrebatar al juez del caso Palma Arena, José Castro, la investigación sobre los convenios del Govern de las Illes Balears con el Instituto Nóos, que le reportaron 2,3 millones de euros. De la Generalitat valenciana, el Instituto cobró al menos tres.

Según desvela el escrito del letrado Antonio Alberca, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente de la fundación, Diego Torres -que también ha sido imputado en el caso Palma Arena- desviaron a través del Instituto fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos.

Público informó el pasado viernes que los investigadores del caso sostienen que de los más de cinco millones obtenidos por Instituto Nóos de las arcas públicas, 1,5 fueron a parar a dos empresas en las que Urdangarin es socio: Aizoon, donde comparte participaciones con su esposa; y Nóos Consultoría Estratégica SL. Según las fuentes consultadas, ambas facturaron a Instituto Nóos por servicios relacionados con la organización de los foros sobre turismo y deporte que el Govern balear y la Generalitat valenciana adjudicaron a dedo a esa entidad sin ánimo de lucro.

"No sólo el Gobierno balear sino otros organismos públicos y privados habrían sido engañados para aportar fondos al Instituto", asegura el abogado de Matas en su escrito. Alberca agrega que dado que los perjudicados pertenecen "a diversas comunidades autónomas" la instrucción de la causa no debería corresponder "en modo alguno" al Juzgado mallorquín.

Cita como respaldo de esta teoría el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuye a la Audiencia Nacional la competencia en caso de defraudaciones que produzcan perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.