Quince ordenadores, 94 memorias USB y catorce discos duros externos. Ese el valioso botín que el Ejército colombiano halló en el campamento donde fue abatido el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, el pasado 23 de septiembre. La noticia no pasó desapercibida al juez español Eloy Velasco, quien ese mismo día solicitó incorporar cualquier dato relevante contenido en esos soportes a la investigación que sigue en la Audiencia Nacional sobre los vínculos entre ETA y las FARC.

Fueron diez correos electrónicos guardados en el ordenador portátil de otro jefe muerto de la guerrilla, Raúl Reyes, los que originaron la investigación del juez sobre la participación de miembros de ETA en campos de entrenamiento de las FARC en suelo venezolano. A esto se sumó el testimonio de seis ex guerrilleros que confesaron haber compartido instrucción en 2007 con etarras en Venezuela, auxiliados por el Ejército de Hugo Chávez.

Un ex militar y un antiguo fiscal venezolanos, testigos protegidos

Como consecuencia, el juez Velasco dictó a finales de febrero un auto señalando la 'cooperación gubernamental' de Venezuela en los hechos. Días después ordenó a Interpol la busca y captura de seis miembros de las FARC y otros tantos de ETA. En este último grupo figuraba Arturo Cubillas como supuesto nexo entre ambos grupos terroristas. El mismo al que han señalado los miembros del comando Imanol, detenidos la pasada semana en Villabona, como responsable de su adiestramiento en armas y explosivos durante el verano de 2008 en Venezuela.

Otra de las decisiones adoptadas por Velasco vuelve a mezclar a Venezuela en la investigación de los lazos entre ETA y las FARC. El magistrado ha aceptado la petición de la acusación popular, formada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y una plataforma antichavista de Madrid, para que interrogue, en calidad de testigos protegidos, a un ex fiscal y a un antiguo militar venezolanos que aseguran disponer de información sobre los vínculos entre los grupos terroristas y una supuesta colaboración de Chávez.

Policías españoles viajarán a Colombia para investigar sobre el terreno

Asimismo, fuentes jurídicas informaron de que otro ex fiscal venezolano, que reside fuera de su país, se ha ofrecido por carta al juez para aportar datos sobre una presunta connivencia del Gobierno venezolano con ambas bandas.

El magistrado, según se conoció ayer, también ordenó, dos días antes del ataque al campamento del Mono Jojoy, que la policía española viaje de nuevo a Colombia y vuelva a interrogar a los seis guerrilleros acogidos al programa de desmovilización y a otros tres más, y que les enseñe a todos fotos de etarras.

La Comisaría General de Información enviará agentes a Bogotá para mostrar las fotografías, aunque prefiere esperar a que se conozca el contenido del material incautado al Mono Jojoy. La policía resta importancia a los reconocimientos fotográficos hechos por los guerrilleros, que situaron en Venezuela al fallecido etarra José María Zaldúa Corta por error, según fuentes de la investigación.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que Exteriores ha solicitado una 'actuación inmediata y concreta' a Venezuela contra Cubillas Fontán, aunque no especificó en qué consistía ésta. Fuentes del Ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos aseguraron anoche que, en realidad, su departamento aguarda a una nueva orden de la Audiencia Nacional contra Cubillas, una vez informaron a Caracas del auto del comando Imanol y recibieron una promesa de colaboración.

La legislación venezolana impide extraditar al presunto jefe de la colonia etarra en Venezuela porque goza de esa la nacionalidad.