El PP valenciano volvió a demostrar ayer que es una efectiva maquinaria de ganar votos para Mariano Rajoy. En los últimos días, sin embargo, la Justicia ha arrojado nuevos datos que insisten en que los dirigentes conservadores utilizaron durante años métodos presuntamente ilegales para lograr sus éxitos en las urnas. El PP regional se valió, según la investigación del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), de un presunto sistema de financiación ilegal para pagar parte de su formidable derroche de medios en sus actos electorales.

El último avance de la instrucción es una providencia fechada el 11 de este mes. En ella, el juez imputó a tres altos cargos de la Generalitat Valenciana, que se suman a otros seis que ya forman parte de la causa. En total, ahora hay nueve personas cercanas o pertenecientes al PP valenciano que están siendo investigadas. Cinco de ellas son políticos de peso en el partido: Vicente Rambla, vicepresidente del Govern valenciano hasta junio; Milagrosa Martínez, expresidenta de Les Corts Valencianes; Ricardo Costa, ex secretario general del partido; David Serra, vicesecretario de Organización; y Yolanda García, tesorera. Los otros cuatro son funcionarios o profesionales elevados a la categoría de altos cargos: Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme; Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional; y Jorge Guarro e Isaac Vidal, que en el momento de los hechos eran jefes de área o de servicio, también en la Conselleria de Turisme.

Imputado pero 'profesional'

Ya hay cuatro altos cargos y cinco dirigentes del PP imputados

Estos tres últimos son los que ahora el juez ha sumado a la lista de imputados. La Generalitat Valenciana ha confirmado que no abrirá investigación alguna sobre Guarro e Ibars, que siguen ocupando importantes cargos en su orga-nigrama. Por su parte, Vidal fue recolocado en el Ayuntamiento de Elche, donde el PP ganó las elecciones en mayo. La alcaldesa, Mercedes Alonso, declinó dar explicaciones al respecto, pero calificó a Vidal de 'gran profesional', infor-ma Efe. Esta permisividad no es de extrañar, si tenemos en cuenta que Rambla, Costa, García y Martínez siguen ocupando sus respectivos escaños en Les Corts Valencianes sin que el president valenciano, Alberto Fabra, les haya pedido explicación alguna.

Todos los imputados son supuestos responsables de la financiación del PP a partir del saqueo de la Administración pública. Según los informes policiales que el juez maneja, Orange Market buque insignia de la trama en Valencia intermedió entre grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat Valenciana y las arcas del partido. Las sociedades constructoras, en su mayoría pagaban supuestamente los actos electorales de los conservadores a cambio de adjudicaciones públicas que los gobernantes del PP les otorgaban 'como contraprestación a los favores realizados para la formación política', según se afirma literalmente en un informe de la Policía Nacional.

Para crear y mantener este mecanismo, fue necesaria la comisión de varios delitos. Por un lado, la falsificación de facturas de actos electorales del PP organizados por Orange Market. Se cambiaba el cliente real el PP valenciano por una de las empresas, según el mismo informe. En las facturas también se hallaron aumentos de la base imponible o cambios en la descripción del servicio prestado.

La Justicia investiga la adjudicación irregular de contratos a la trama

Para que la trama funcionara adecuadamente, era necesario otro de los presuntos delitos que se investigan: la prevaricación y el cohecho en adjudicaciones de contratos de la Administración. Esto es, el presunto amaño de concursos públicos para que Orange Market fuera elegida aunque no presentara la mejor oferta. En este sentido, el TSJCV sólo ha accedido a investigar uno de los contratos sospechosos: el que obtu-vo Orange Market durante cinco años seguidos (de 2005 a 2009) para montar el stand de la feria de turismo Fitur. En total, la empresa se embolsó casi cinco millones de euros.

El juez muestra en su último escrito gran interés por conocer todos los detalles de estaadjudicación. Pide información, por ejemplo, a la Junta Consultiva de Contratación estatal para saber si es razonable que el mismo funcionario que diseña las bases de un concurso pueda ser luego el que decide qué empresa resulta elegida. También pregunta hasta qué punto los criterios subjetivos pueden pesar más que los objetivos, entre los que destaca el precio, a la hora de seleccionar a una empresa u otra. En el caso de Fitur, OrangeMarket obtuvo el contrato de 2009 por su 'buenísima creatividad', en palabras de la exconsellera de Turisme Angélica Such, pese a que presentó la oferta más cara.