El discurso del PP según el cual los trajes de Camps valen política y penalmente lo que una lata de anchoas regalada por Navidad quedó ayer hecho trizas. Porque el auto del juez Flors no sólo subraya que dádivas de esa clase 'no pueden incardinarse en el marco de la adecuación social' sino que abunda en una idea motriz: que el regalo de los trajes fue una pieza más en la estrategia urdida por la red Gürtel para lograr de la Generalitat un trato privilegiado.

Contar -dice el auto- 'con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y del vicepresidente de una comunidad autónoma a quienes se agasaja puede ser de una influencia determinante'. ¿Influencia para qué? Para que quienes hacían los regalos 'pudieran verse favorecidos en sus intereses económicos'. O sea, para obtener contratos públicos adjudicados por la Generalitat.

El auto rechaza de forma expresa la petición de la Fiscalía y el PSOE para juzgar en el mismo proceso el regalo de trajes y las irregularidades en los contratos otorgados a la la filial valenciana de la red corrupta, Orange Market, aquellos que se ha comprometido a investigar por separado el Tribunal Superior valenciano (TSJCV). Pero el vínculo entre regalos y contratos aparece como una constante en el auto. La trama, cuantifica el juez sin incluir la visita del Papa, recibió adjudicaciones por 6,9 millones de euros entre 2005 y mayo de 2009.

El juez sostiene que las dádivas no se explican en este caso por un uso socialEl nexo entre obsequios y contratos se hace especialmente patente cuando el auto habla de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, la que adjudicaba el pabellón de Fitur. La resolución dice esto: 'Esa potencialidad lesiva [la de que en la Administración 'se conozca la estima' dispensada a quienes hacen los regalos] se manifiesta como indudable'. Porque era en Turismo, prosigue el texto, 'donde [los miembros de la red Gürtel] tenían puestos sus intereses y se desarrollaba la mayor parte de la actividad económica desarrollada por las empresas del grupo, a las que se adjudicaba sistemáticamente el pabellón de la Generalitat en diversas ferias de turismo'. 'Contar con su favor y su influencia [la de Betoret] podía resultar de gran eficacia para sus intereses', finaliza el párrafo.

Flors desbarata el grueso de las alegaciones de la defensa del president en su intento por zafarse del banquillo: que Camps pagó sus trajes, que si no los pagó los pudo recibir como presidente del PP valenciano y que, en última instancia, fueron obsequios de un amigo, Álvaro Pérez.

Sobre eso último, el juez recuerda que la ropa no la abonó Pérez sino que los pagos 'eran realizados materialmente' por Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Francisco Correa en la red corrupta. El precio de los trajes, dice más adelante recuperando el nexo con los contratos, fue presuntamente 'satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por parte de la Generalitat valenciana'.

En relación a si Camps pagó o no los trajes, el juez remacha que los indicios incriminatorios 'siguen siendo los mismos' que en julio de 2009, 'sin que se hayan alterado nidesvirtuado en modo alguno por el resultado de las diligencias posteriormente practicadas'. En otras palabras, Camps el cerrojazo en falso de 2009 concedió a Camps una prórroga en su camino hacia el banquillo.

Los pagos de los regalos los efectuó el número dos de Correa, Pablo CrespoEn los dos años transcurridos no sólo se han mantenido incólumes los indicios sino que han crecido en volumen. De hecho, el juez concede relevancia a la declaración prestada el lunes por el informático de Forever Young -la cadena de tiendas donde la ropa fue adquirida-, quien aseguró que se le ordenó manipular los archivos para borrar el rastro de Camps. Paralelamente, el magistrado rebaja la importancia del informe de los peritos contables, al que el PP se agarró como clavo ardiendo porque devaluaba el alcance de los regalos: que ese informe no alcanzara conclusiones 'absolutamente indubitadas' se explica -sostiene el auto- por la 'dificultad' de los peritos para obtener los documentos contables y por el hecho de que esa contabilidad no se llevara 'con el rigor y la seriedad que fueran propios de un ordenado comerciante'.

Sólo en el punto de si le llegaron los regalos como presidente del PP o de la Generalitat queda confusa la opinión del juez: no cabe excluir, dice Flors, que los regalos 'únicamente puedan incluir en una faceta de su vida, la atinente a su condición de miembro del partido, y no, en cambio, en la otra función pública'. El juez dice que así responde a las alegaciones de la defensa de Camps. Pero esa alegación buscaba, precisamente, un sobreseimiento que Flors descarta.

Camps intentó pertrecharse tras su chófer y su escolta como escudos. Ambos dijeron ser testigos de cómo el president pagó, con dinero prestado por el escolta, una chaqueta blazer. Pero esa prenda, recuerda el juez, 'no aparece incluida entre las prendas indiciariamente obsequiadas con cargo a las sociedades gestionadas por Álvaro Pérez y Pablo Crespo y controladas por Francisco Correa'.