La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla de corrupción, tomó declaración este miércoles como imputado al teniente de alcalde en funciones de Sevilla y edil de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La magistrada lo acusa de cuatro delitos, maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacción ilegal de funcionarios públicos y un delito societario. Alaya considera que Torrijos preparó 'a sabiendas de su injusticia', de común acuerdo con el resto de los inculpados (hasta 16, entre asesores, cargos directiuvos de Mercasevilla, de la empresa Sando y del Ayuntamiento de Sevilla), un concurso público amañado para que la constructora malagueña Sando se hiciera con los terrenos de Mercasevilla, sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Hacienda.

En su declaración judicial, a la que tuvo acceso Público y que se prolongó más allá de las cuatro horas, Torrijos defendió que su actuación fue perfectamente legal en todo momento, que jamás ordenó amañar nada, que jamás sospechó que se estuviera haciendo nada ilegal, y que se fiaba de la opinión de los técnicos, quienes elaboraron los pliegos del concurso que la jueza considera fraudulento.

Torrijos agregó que considera la opinión de la magistrada como 'respetable, pero absolutamente cuasimágica'. 'Habría que poner de acuerdo [para asumir lo que la jueza dice] a una docena de personas y además en silencio', dijo. El concejal de IU siempre ha defendido, y este miércoles una vez más, que él apostó por la fórmula de concurso frente a la de subasta, que también sugirieron los técnicos, porque lo considera más cercano al interés general, al evitar la especulación con los suelos.

El edil sólo respondió a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogada y se negó a contestar las efectuadas por las acusaciones particulares, entre ellas, el PP.

La jueza considera que 'como Sando sustentaba económicamente a Mercasevilla, se resolvió por los inculpados, entre ellos, el señor Torrijos, eliminar los posibles competidores, concertándose con ellos para que se presentaran ofertas de relleno y elaborar un pliego de condiciones que favoreciera claramente a Sando frente al resto de participantes'. 'Así, -agrega Alaya- se contempló una cláusula de limitación al alza del precio de la compraventa, cláusula antieconómica y contraria al interés general, que penalizaría la mayor oferta económica'. En este caso, Noga ofreció 158 millones por 106 de Sando.

'Asimismo -agrega Alaya- el inculpado participó en la inclusión en el pliego de condiciones, a sabiendas de su injusticia, de una cláusula que primaba la titularidad previa que se tuviera sobre los terrenos de Mercasevilla. Sando partía [así] de entrada con esta ventaja sobre los demás'. La Fiscalía preguntó a Torrijos sobre esta cláusula, que el concejal afirmó desconocer cuando se aprobó. Entonces, '¿Por qué votó a favor de un pliego que incluía esa cláusula si no sabía de su existencia?', le inquirió el fiscal. 'Porque me fiaba del criterio de las personas de alta capacidad, y que voté, aunque pudiera parecer una dejación de funciones, por esa razón de confianza', respondió Torrijos.

El concejal manifestó además que jamás fue una 'persona determinante' en Mercasevilla y que ni el interventor, ni el secretario del Ayuntamiento, ni los representantes del ministerio, ni miembros de PP y PA pusieron en su momento pega alguna al concurso ni a sus pliegos. 'Todo esto me daba absoluta garantía jurídica y seguridad política de que fue un procedimiento legal, justo y nada arbitrario', dijo el edil.