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La jueza de los ERE cree que la Junta engañaba a la UE

Alaya apunta a que España "podría" ser responsable como Estado miembro

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La jueza Mercedes Alaya, que investiga la concesión irregular de ayudas públicas de la Junta con cargo a un fondo de 647 millones que posteriormente fue ampliado,ha lanzado un auto donde expresa nuevas sospechas sobre la gestión del Gobierno andaluz. En un auto de 8 de febrero notificado ayer a las partes, Alaya afirma que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de "un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios", lo que "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", informa Europa Press.

Del conocido como "fondo de reptiles" así lo llamó su principal responsable, el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero el dinero salía en muchas ocasiones sin control. Acababa en ERE con intrusos (hasta 72 prejubilados falsos), en empresas afines, en ayuntamientos del PSOE... Ahora la jueza plantea como "conclusión apriorística" que las ayudas dadas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo [de la Inter-vención General de la Junta] al gasto, al pago y al cum-plimiento de la finalidad".

A ello se suma que "podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimis y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas ayudas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa, incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".

La instructora requiere a la Administración autonómica que en el plazo de diez días aporte las publicaciones de las ayudas directas a empre-sas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

En otro auto, fechado el 30 de enero, la jueza pide "detalle de las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros" formalizadas por la Agencia Idea (pagadora de las ayudas) desde 2007.

Alaya pide que se haga "mención expresa a si existe o no autorización previa a la aprobación definitiva, por el Consejo de Gobierno, del titular de la Consejería de Economía y Hacienda", que de 2004 y 2009 fue José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta.

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