Lo que no cumplió el presunto asesino de Mari Luz, lo pagó José Campoy. El primero, por un error judicial; el segundo, también. Pero a la inversa. Tiene 32 años, está parado, es toxicómano y salió hace un año de la cárcel. Adelina Entrena, ex magistrada del juzgado Penal Número 1 de Motril (Granada), se olvidó de tramitar su excarcelación tras absolverlo de un delito de robo. El resultado: 437 días de más entre rejas. Ahora el ex preso ejerce de acusación particular. Y la ex jueza, expulsada de la carrera, es la acusada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía comenzará hoy el juicio contra Entrena por un delito contra los derechos fundamentales. “Ya es hora de que me paguen por el año que estuve preso, no es de justicia lo que hizo esa jueza, que me ha quitado media vida”, dijo Campoy a Público en una entrevista reciente.

Indemnización

La Fiscalía solicita la suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses para la magistrada y pide una indemnización para Campoy de 75.230 euros. El ex preso, con condenas anteriores por robo, recibiría 15.230 por el tiempo que estuvo encarcelado indebidamente y 60.000 por el daño moral.  

En este caso, como ahora ha hecho el juez Rafael Tirado en el caso Mari Luz, Entrena deriva las responsabilidades hacia los funcionarios. Según la defensa, ni la secretaria ni la funcionaria que tramitaba las ejecutorias advirtió a la jueza, al incorporarse tras una baja laboral, sobre el estado del preso. “Los jueces se pueden equivocar, son de carne y hueso”, alega la defensa, quien califica de “leve” el error de Entrena en comparación con el desaguisado del caso Mari Luz. Campoy es otro damnificado de la justicia. Pero está vivo.