Carmen (nombre supuesto) acudió el 16 de septiembre de 2009 al Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife para asistir a la celebración del juicio en el que ella reclamaba a su antigua empresa su reingreso tras finalizar la excedencia que había pedido. Hoy, más de un año y medio después de que se celebrase aquella vista, esta mujer aún no tiene sentencia.

Ella es una de las decenas de afectados algunas fuentes hablan incluso de más un centenar por el supuesto retraso en la redacción de sentencias de la jueza Pilar Huerta, quien entre aquel mes de septiembre y marzo de 2010 sustituyó a la titular de este órgano judicial canario. Durante estos seis meses, no sólo se quedaron sin redactar los fallos de decenas de causas sobre despidos, indemnizaciones y peticiones de invalidez, sino que, incluso, un número no determinado de autos que se instruían en el juzgado pasaron a estar en paradero desconocido.

Una mujer espera desde septiembre de 2009 el fallo sobre su demanda laboral

La primera denuncia de las supuestas irregularidades la dio, precisamente, la magistrada que tomó posesión del juzgado tras ella. En septiembre de 2010, y tras recibir numerosas quejas de abogados que esperaban sentencias para sus clientes, la nueva jueza puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) 'las irregularidades en cuanto al dictado de sentencias' de su antecesora. El Alto Tribunal incoó entonces diligencias informativas y, meses después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió expediente disciplinario.

Una investigación que, sin embargo, se encontró una nueva e inesperada traba. En marzo de 2011 el magistrado instructor del expediente informó al TSJC de que Pilar Huerta no estaba localizable porque había cambiado de domicilio y de teléfono sin comunicarlo. El tribunal tuvo que pedir ayuda a la Policía para conseguir dar con su paradero. Lo que no ha sido posible saber hasta ahora, sin embargo, es el número exacto de sentencias pendientes. Después de analizar durante cinco meses la documentación que había en el juzgado, su actual titular tuvo que reconocer recientemente que era imposible de cuantificar, porque su antecesora se había llevado un número indeterminados de expedientes a su casa cuando dejó el puesto.

¿Cuántos? Después de que el diario Canarias Ahora destapase el escándalo, la propia Huerta reconocía a la prensa que tenía en su casa 'alguno' y que esta práctica era habitual entre los jueces porque, 'si no, habría que cerrar los juzgados a las cuatro de la mañana para completar la jornada laboral'. Ayer, tras prestar declaración ante la Fiscalía, que estudia acusarla por este hecho de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y ante el magistrado que instruye su expediente disciplinario, su abogada tampoco pudo cuantificar el número de autos que están en el domicilio de Huerta.

El tribunal tuvo que pedir ayuda a la Policía para encontrarla

Lo que sí contó su letrada es que la polémica jueza se amparó en problemas personales para explicar los retrasos 'totalmente justificados' de sus sentencias. E, incluso, llegó a considerar que un plazo de año y medio en dictar un fallo no era 'ni tan extraño ni tan grave'. Algo que, sin embargo, niega a este diario el abogado Carlos Berastegui, varios de cuyos clientes están afectados por la tardanza: 'Nunca se retrasan más de un mes'. Este letrado espera que el CGPJ inhabilite a la jueza y un nuevo magistrado celebre otra vez las vistas. Entre ellos, el de Carmen.