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La Justicia europea avala la carretera de Doñana

OLIVIA CARBALLAR

Los ecologistas recibieron ayer un duro revés en una de sus batallas más enardecidas: su oposición al asfaltado, en 2001, de la vía que conecta Villamanrique con El Rocío, en pleno corazón de Doñana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza, en una sentencia publicada ayer, que la transformación de este camino rural en carretera “conlleve el riesgo de provocar la desaparición del lince” y, por tanto, pueda “comprometer seriamente” las características ecológicas del lugar. Al menos, añade la sentencia, no ha podido demostrarse.

El tribunal corrige así la postura de la propia Comisión Europea, que, alertada por WWF y Ecologistas en Acción, inició un litigio en contra de España y llevó el caso hasta la máxima instancia judicial europea. Según la Comisión, el acondicionamiento del controvertido camino rural, sin las medidas de protección adecuadas, divide el hábitat natural del lince, lo que expone a la especie a riesgos de muerte por atropello, dificulta la dispersión de los animales jóvenes y la conexión entre los distintos núcleos. Factores que incumplen, además, la Directiva aprobada en 1992 por el Consejo Europeo sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Atropellos

No es discutible, insiste la sentencia, que los estados miembros no pueden autorizar intervenciones que pongan en peligro las especies. Y señala incluso que el estado general del parque puede que no sea el mejor para la conservación del lince. Pero, y aunque en este caso el acondicionamiento propició el incremento del tráfico, la mayoría de los atropellos producidos en Doñana no se produjeron en esa vía, según desprende el tribunal de un estudio del Ministerio de Medio Ambiente de 2004.

Sobre las medidas correctoras adoptadas en cuestiones, por ejemplo, de señalización y de control de velocidad, la sentencia admite que son susceptibles de ser mejoradas. Los ecologistas, sin embargo, consideran que son prácticamente inexistentes: “Los vehículos circulan a más de 120 km/h, como corrobora el propio estudio aportado por el parque natural”, aseguraron WWF y Ecologistas en Acción, que denunciaron la “incongruencia entre los argumentos analizados y el resultado final” del fallo.

Además, lamentaron que el tribunal no haya valorado las supuestas “irregularidades cometidas por la Consejería de Agricultura para la realización de estas obras en un espacio protegido, sin la declaración obligatoria de impacto ambiental”.

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