Una lacra a prueba de conciencias

Un juez considera que llamar zorra a una mujer no es una humillación; un articulista disculpa en su columna a un hombre que mató a su novia embarazada porque "es normal que haya perdido el corazón y la cabeza", un alcalde hace comentarios machistas sobre una ministra... La lista de vejaciones públicas a la mujer este año ha sido larga y tiene su cara más dramática en las 53 víctimas que han perdido este año la vida a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, tan sólo 14 habían presentado denuncia.

Las campañas institucionales en contra del machismo y la labor de los medios y de las asociaciones feministas han logrado transmitir el mensaje de que la violencia machista es intolerable. Cuando muere una mujer ya no se habla de "crimen pasional" como antaño, hay más denuncias y penas por maltrato, pero no se ha conseguido frenar el rostro más visible de esta lacra: los asesinatos.

Hay 3.000 pulseras de vigilancia pero apenas son impuestas por los jueces

Las asociaciones de mujeres venían pidiendo desde finales de los 90 una norma específica contra el machismo. Pero Esta, llamada Ley Integral contra la Violencia de Género, no quedó aprobada hasta finales de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno. Una ley (a la que se sumó la creación de una Delegación del Gobierno que ha dirigido Miguel Lorente) que no cuenta con el consenso de todos. El PP ha asegurado que, si gobierna, revisará la norma porque, a su juicio, ni las Fuerzas de Seguridad ni los jueces tienen actualmente los medios suficientes.

Además, activistas y abogadas consideran que, en la práctica, la ley está sirviendo para que la judicatura exija a las víctimas que demuestren que la violencia ejercida sobre ellas se realiza en razón de "la posición de subordinación al hombre". Así lo denuncia en un documento reciente la Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid, de la que forma parte, entre otras, la feminista Lidia Falcón. En esta premisa se ha basado, por ejemplo, el juez Juan de Olmo, que desde la Audiencia Provincial de Murcia ha revocado al menos una docena de sentencias al considerar que en la actitud del hombre no había un sesgo machista.

La Ley Integral contra la Violencia de Género no ha logrado frenar los asesinatos

Además, los datos reflejan el miedo de las mujeres a seguir adelante con el proceso de denuncia. Los sobreseimientos de los procedimientos han subido desde su entrada en vigor un porcentaje escalofriante: el 137%. El motivo principal: las víctimas decidieron finalmente no presentar denuncia en contra del maltratador.

La estadística también muestra cómo desde 2007 han sido presentadas 470.706 denuncias (ese es el primer año en que se refleja este dato en los boletines estadísticos oficiales) y que, de ellas, hubo un total de 58.118 renuncias (el 12, 4% del total). Precisamente, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha puesto el énfasis de sus últimos mensajes en que sea el entorno (la familia, el médico de atención primaria) los que refuercen la vigilancia de las víctimas.

Además, desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género, más de 145.000 maltratadores han sido condenados y una de cada tres sentencias, de las más de 223.000 emitidas, fueron absolutorias. Otro dato: el 47% de los maltratadores que están en la cárcel acumulan un largo historial delictivo, según un estudio sobre población reclusa realizado entre 2008 y 2010. En total, hay 5.117 maltratadores en prisión y 96.000 mujeres están protegidas con diferentes sistemas.

El 47% de los maltratadores en prisión acumulan un largo historial delictivo

De estos sistemas de protección, el más conocido es la orden de protección. Desde el año 2005, han sido emitidas 140.000, un 73% de las solicitadas. Pero cuando ellas se deciden a denunciar, se presenta otro problema: el hecho de que las pulseras con GPS para el control de los maltratadores apenas son utilizadas por los jueces. De las 3.000 pulseras previstas por el Ministerio, están en funcionamiento 641, según los datos ofrecidos por la ministra Leire Pajín el pasado mayo en el Senado. Aunque todavía es una cifra muy baja, por lo menos supone un aumento del 20% en cuatro meses. (En diciembre de 2010 sólo había 528 brazaletes activos).

A la violencia contra las mujeres se le une muchas veces la que sufren sus hijos. En 2010 murieron cuatro menores por esta causa y las organizaciones sociales calculan que unos 20.000 menores sufren maltrato en España. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analiza 45 sentencias dictadas en casos de asesinatos consumados en el ámbito de la pareja durante 2009, revela que en sólo dos ocasiones se inhabilitó al culpable para el ejercicio de la patria potestad.