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Madrid da la espalda a la Ley de Dependencia

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, denuncia que Murcia tampoco la aplica. 

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El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer que las comunidades autónomas que más solicitudes han presentado para beneficiarse de las ayudas de la Ley de Dependencia son Andalucía, Extremadura, Cantabria, Baleares, La Rioja, Galicia y Cataluña. Caldera aprovechó la presentación de estos datos para denunciar la actitud de dos comunidades, gobernadas por el PP, que, desde el primer, día han ralentizado la aplicación de la nueva Ley.

Jesús Caldera señaló que Madrid y Murcia son las únicas comunidades que “no están haciendo nada por aplicar esta norma” en su territorio. Estos dos territorios se quedarán sin recibir aportación económica alguna por el momento.El caso es especialmente relevante en Madrid, dado su volumen de población, seis millones de personas, que aún no ha podido acceder la nueva Ley de Dependencia. Según Caldera, la actitud de Madrid se debe a la “falta de lealtad” con el Gobierno, que sólo perjudica a los ciudadanos. La ley exige que las autonomías evalúen previamente a las personas en situación de dependencia que solicitan ayudas y trasladen esas peticiones al Ministerio de Trabajo, algo que ni Madrid ni Murcia han hecho aún.

150.000 solicitudes

“A falta de conocer y comprobar si estas comunidades (Madrid y Murcia) están aplicando la Ley de la Dependencia, hasta ahora ya han sido valoradas más de 150.000 personas, todos ellos grandes dependientes”, según señaló el ministro de Trabajo en respuesta a una pregunta del PP.
El 20% de las personas que ya han sido evaluadas presenta un cuadro de gran dependencia, el 30% ha sido considerada como con un grado de dependencia severo, el resto, el 50% restante, presenta una dependencia moderada, concretó Caldera.

El ministro destacó el ejemplo de comunidades como Andalucía, de donde han salido más de la mitad de las solicitudes registradas en toda España. Caldera señaló que, de los 438 millones de euros destinados este año a la aplicación de la norma, el Estado ha derivado hasta ahora cerca de 144 millones a las comunidades autónomas de las que han recibido solicitudes para conceder la prestación.