España, Bélgica y Reino Unido se están movilizando para mostrar su oposición a los planes de Magna, que firmará en dos semanas la adquisición de Opel, filial europea de General Motors (GM). El vicepresidente de la firma canadiense, Siegfried Wolf, reveló ayer que mantiene el plan industrial propuesto en mayo, que contempla para las fábricas de los tres países los mayores recortes de empleo y producción en beneficio de las plantas alemanas.

Hoy se reúnen en Berlín representantes de los Estados con centros de Opel para tratar el reparto de las ayudas que aportará cada Gobierno para sostener la compañía. Los países más perjudicados consideran que la decisión de GM de vender su filial a Magna responde a las presiones de Alemania, que ha liderado la negociación y el ofrecimiento de recursos.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Yves Leterme, el más afectado por la operación (Magna prevé cerrar la fábrica de Amberes, con 2.600 trabajadores) consideró necesario garantizar que no haya ayudas de Estado ilegales. El ministro de empresa británico, Peter Mandelson, exigió a la Comisión Europea que 'examine cuidadosamente' el plan de Magna para que las plantas no se vean influidas por criterios 'políticos'.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, anunció que investigará si detrás del apoyo de Alemania a Magna hay criterios no comerciales, si bien añadió que la CE 'no puede ni debe dictar dónde deben producirse los recortes'.

En España, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, reclamó ayer a la Unión Europea 'juego limpio'. 'No podemos abrir y cerrar factorías en la UE en función de las ayudas que cada país pueda aportar, hay que tener en cuenta la capacidad industrial de cada planta', afirmó para defender el futuro de Opel en Figueruelas (Zaragoza), que emplea a 7.400 personas y los planes de Magna ponen en peligro más de 1.600 puestos.

UGT prevé convocar esta misma semana una manifestación en Zaragoza, en la que participe también la industria auxiliar de Opel, para protestar contra el proyecto de Magna. Junto con CCOO se reunirá hoy con representantes del Ministerio de Industria para pedirles que el Gobierno se oponga al plan industrial de Magna y que condicione el ofrecimiento de ayudas como elemento de presión.