El aprovisionamiento de material para fabricar bombas o el robo de coches en Francia no son indicadores de que ETA se prepare para romper la tregua que mantiene desde marzo de 2010, según la conclusión a la que llegan los gobiernos central y vasco, tras escuchar a sus respectivas policías. 'ETA está en tregua y ha ratificado recientemente esa decisión en un comunicado. No hay extorsión a empresarios, ni amenazas a otros ciudadanos, y no tenemos ninguna razón para pensar que vaya a modificar esa posición y cambiar de criterio', dijo hoy en Madrid el consejero de Interior, Rodolfo Ares.

El político con mando sobre la Ertzaintza fue convocado por el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, para mantener su primera reunión, acompañados ambos de sus cúpulas policiales. Al término, escenificaron ante los medios, una vez más, la sintonía entre sus respectivos departamentos. Fue el primer mensaje compartido. El segundo consistió en que la banda está en su momento de mayor debilidad y que las Fuerzas de Seguridad siguen trabajando a un lado y otro de la frontera con Francia para lograr su 'desaparición' definitiva. 'No nos conformamos sólo con una tregua, como hacen otros', lanzó el consejero.

Ares viajó a Madrid para implicar al Gobierno central en la puesta en marcha del Centro de la Memoria a las víctimas del terrorismo, ejemplo de las iniciativas destinadas a ocupar el escenario previsto de fin definitivo de la violencia. 'Estamos ganando la batalla del terrorismo y debemos consolidar la paz que tiene que venir después de demasiados años de barbarie terrorista en nuestro país', resumió Antonio Camacho.

A una pregunta que unía incidentes protagonizados por radicales con el éxito electoral de Bildu, Ares respondió destacando la normalidad del momento presente. 'No está habiendo un incremento de acciones de protesta o de otro tipo por el mundo de los radicales abertzales, más allá de acciones puntuales', remarcó el consejero de Interior.

En cualquier caso, si Bildu ha obtenido una alta cuota de poder institucional es porque el PNV ha rechazado el acuerdo que pusieron encima de la mesa los socialistas, según explicó Ares. En ese nuevo escenario político y social que ocupará el Centro de la Memoria, el Gobierno vasco seguirá dando 'la batalla de la calle' para que se cumpla la ley y los radicales no ganen espacio a los demócratas, añadió.