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Mas lanza la Ley de Consultas para impulsar el pacto fiscal

Los catalanes podrán dar su opinión sobre la financiación sin que el Estado lo autorice

ALBERT MARTÍN VIDAL

La aplastante mayoría absoluta del PP en el Congreso dejó muy tocadas las aspiraciones del Govern de la Generalitat de impulsar una nueva financiación para Catalunya inspirada en el pacto fiscal. Pero el Ejecutivo que preside Artur Mas está dispuesto a jugar todas sus cartas para presionar a Mariano Rajoy, y así lo ratificó este martes.

El Govern aprobó en la última reunión del año el proyecto de Ley de Consultas Populares. De este modo quiere desplegar el artículo 122 del Estatut, que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en las consultas populares que no sean por la vía de referéndum, por lo que no se requiere la autorización de la Administración central del Estado.

La iniciativa, según explicó el portavoz del Govern, Francesc Homs, se enmarca en el 'ejercicio del derecho a decidir y la transición nacional' planteada por Mas, cuya primera estación ha de ser el pacto fiscal, sobre el que la Generalitat se reserva la posibilidad de convocar una consulta.

Homs recordó que el proyecto se ciñe al marco jurídico que definió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y que dicho artículo 'pasó el filtro'. La norma prevé utilizar el padrón como base orientativa para el censo en las consultas y su convocatoria estará en manos del president catalán, del alcalde o presidente de entidad local donde haya de celebrarse o bien de la presentación de 50.000 firmas válidas.

El proyecto prevé la convocatoria de consultas dirigidas a conocer la opinión de la ciudadanía, mediante un voto libre, directo y secreto en relación a cualquier aspecto de la vida pública. Estarán legitimados para votar los mayores de 18 años con nacionalidad española o ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liech-tenstein, Noruega y Suiza que estén empadronados en algún municipio catalán. El Govern evita así el censo oficial y se desmarca del referéndum, que sí exige la autorización del Estado.

A pesar de que Homs reivindicó 'la apuesta por la radicalidad democrática' que supone este proyecto de ley, el propio Ejecutivo ha admitido el valor utilitarista que da al anteproyecto.

El pasado septiembre, CiU y ERC acordaron impulsar la consecución del pacto fiscal y pactaron que una de las vías que emplearían para presionar al Gobierno central sería la celebración de una consulta popular sobre la cuestión las encuestas indican que un 75% de los catalanes es partidario de una nueva financiación inspirada en el modelo que impera en Euskadi o Navarra.

El propio Homs admitía este martes que esta consulta no tendría 'carácter vinculante jurídicamente', pero aseguraba que su valor político sería 'enorme'.

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