El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco seguirá adelante con la instrucción del acoso sufrido por diputados catalanes el pasado 15 de junio cuando trataban de acceder al Parlament. ¿Y quién mejor para contar lo sucedido que sus protagonistas? El president de la Generalitat catalana, Artur Mas, y diez parlamentarios catalanes declararán en diciembre como perjudicados.

En atención al cargo de Mas, el magistrado le da la oportunidad de declarar en la Audiencia o en su despacho o domicilio. Incluso por escrito, siempre que avise con tiempo para poder enviarle el pliego de preguntas. El portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, anunció ayer la total disposición del president a colaborar con la Justicia. 'Sólo faltaría', añadió.

Si decide desplazarse a la Audiencia, lo hará acompañado por los diputados de su partido Gerard Maria Figueres, Jordi Turul, Ana Isabel Marcos, Santi Vila y Josep Maria Llop, al que intentaron quitar el perro lazarillo que le acompaña. También están citados los parlamentarios del PSC Ernest Maragall y Montserrat Tura; de ICV, Joan Boada y Salvador Milá; y Alfons López Tena, de Solidaritat Catalana.

Además, el magistrado rechazó la declinatoria de jurisdicción planteada por la defensa, en la que se cuestionaba que el Parlament catalán se incluya entre los altos organismos de la nación. De la persecución de los delitos que se cometen contra ellos se encarga la Audiencia Nacional, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El magistrado entiende que ello se desprende de una interpretación sistemática de esa norma, del Código Penal y del 'actual mapa institucional del Estado de las autonomías español'.

En otra resolución, el juez confirma la pericial fisonómica que había ordenado de cuatro de los imputados en la causa que no fueron detenidos. Tras comparecer en la Audiencia, el magistrado les citó en dependencias de los Mossos d'Esquadra. La defensa sostenía que violaba el derecho de los imputados a no autoincriminarse, por lo que rechazó que los agentes les hiciesen fotos.

Y, por si había alguna duda, desliza en el auto que 'las detenciones practicadas en nada responden a supuestas intencionalidades políticas de exhibir contundencia y propiciar escarmientos, sino a la necesidad procesal de añadir certeza más científica a la identificación de los imputados hecha en el atestado'. Justifica su necesidad en la 'mínima duración' de las grabaciones, que obligan a realizar más pruebas, y en 'la conducta de algunos de los investigados'.