Los fiscales anticorrupción pedirán mañana medidas cautelares para el ex presidente de Baleares Jaume Matas y su cuñado Fernando Areal por delitos de corrupción, según fuentes jurídicas.

Los fiscales no pedirán medidas cautelares para la esposa de Matas, Maite Areal, y su amigo y supuesto testaferro Barlomeu Reus, también imputados en el caso.

La declaración del ex presidente de Baleares ha concluido esta medianoche después de más de quince horas de comparecencia.

Cercado por las demoledoras escuchas policiales destapadas el martes por el juez José Castro, Jaume Matas se aferró hasta el final a que la responsabilidad sobre el dispendio del velódromo Palma Arena fue de otros.

Exactamente, de su ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, a quien el ex presidente del archipiélago definió ayer ante el juez, con rotundidad autoexculpatoria, como un 'ministro' plenipotenciario que hizo y deshizo y, por supuesto, disparó los costes del velódromo desde los 41 millones presupuestados hasta los 110 que finalmente desembolsó el Ejecutivo. Según medios de la isla, Ballester padece una grave enfermedad.

La prolija investigación desarrollada, primero, por los fiscales anticorrupción de Baleares y, luego, por el juez José Castro, ha puesto a Matas contra la pared. Sobre la mesa, la acusación que pesa sobre Matas de haberse lucrado utilizando dos fuentes de captación de sobornos: Pepote Ballester y la agencia Nimbus, que organizó la campaña electoral del PP balear en 2007.

La prolija investigación ha puesto al ex president balear contra la pared

A Matas se le preguntó por el 'trato de favor' que el Gobierno balear habría otorgado a Nimbus durante su segundo mandato, en el cuatrienio 2003-2007. El ex presidente negó la mayor: no hubo trato de favor, enfatizó. Por negar, negó incluso la menor relación con el contrato a dedo de los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que cobraron ocho millones de euros por el proyecto del Palma Arena sin que mediara adjudicación por concurso.

El abogado de un imputado de segunda fila (hay más de 30 en el caso) contó luego a este periódico que él mismo había visto a Matas 'a pie de obra' en compañía de los García Ruiz.

Matas llevaba 16 horas declarando ante el juez. Fuentes jurídicas aseguran que el antaño todopoderoso presidente balear intentó demorar todo lo que pudo el momento en que debían comenzar las preguntas más aciagas: las relativas a su patrimonio. Y, dentro de ese capítulo, las preguntas más difíciles son las vinculadas con la compra y reforma, en 2004, del palacete de Palma, por el que Matas asegura haber pagado sólo un millón de euros, casi un tercio de lo que, según Hacienda, costaba realmente.

Jaumes Matas califica de 'imposible' el descontrol de gastos en la construcción del Palma Arena

La Policía, y así lo ha publicado la prensa local, cree que Matas gastó en cinco años entre 2002 y 2007 cuatro millones de euros. La sesión de la mañana, que había comenzado con la exigencia de un cambio de sala so pretexto de que en la habitual podía haber micrófonos, se convirtió 'en un frontón', en expresión literal de un abogado de las defensas: el juez leía las declaraciones de testigos y de la treintena de imputados, formulaba las preguntas y estas rebotaban contra el muro de Matas.

En un momento dado, llegó a afirmar que era 'imposible' que en la construcción del Palma Arena se hubieran quebrado los mecanismos de control administrativo. En realidad, se quebraron estrepitosamente, como lo demuestra la elección a dedo de los arquitectos García Ruiz. De hecho, fue una auditoría del nuevo Gobierno socialista balear la que destapó el caso y puso en marcha los mecanismos de la investigación judicial.

Ayer, la publicación por el Diario de Mallorca de nuevos fragmentos de la transcripción de las escuchas esclareció aún más que el desorbitado incremento patrimonial constituye el talón de Aquiles de Matas, cuya esposa se negó el miércoles directamente a declarar.

En una de esas grabaciones, captada el 12 de diciembre de 2009, la esposa de Matas corrige al abogado Perera cuando este, de modo automático, habla del piso de lujo que la familia posee en el madrileño barrio de Salamanca. Perera dice: 'Que el piso tuyo', y Maite Areal responde así: 'De Reus, no mío, Rafael, nos tendremos que ir acostumbrando'. Es decir, y eso se desprende de la conversación, todos tendrían que acostumbrarse a sostener públicamente que el piso pertenece no a los Matas sino a Bartomeu Reus, presunto testaferro del ex presidente balear y a cuyo nombre se escrituró esa vivienda.

Otro de los pinchazos, este realizado el 21 de marzo, dos días antes de la fecha fijada desde noviembre para la comparecencia de Matas como imputado, apunta al núcleo duro de la cuestión: Matas y su abogado Rafael Perera hablan sobre el informe económico redactado por el primero de ellos para intentar justificar su vertiginoso tren de vida. Ambos comentan un problema de última hora: el perito que iba a firmar el informe se resiste a hacerlo. Y Perera empuja a Matas para que convenza al perito de rubricar el documento. ¿Por qué? Porque ese informe 'es el tema rey'.

En efecto, si en lo concerniente al Palma Arena Matas puede echar balones fuera culpando a sus subordinados, en el caso del palacete, el piso de Madrid y una tercera vivienda a nombre de la madre del imputado no hay nadie a quien culpar. Los ingresos de Matas como cargo público nunca excedieron de 100.000 euros al año, en números redondos.

Decidido a terminar anoche el interrogatorio de Matas e, incluso, a fijar las medidas cautelares, el caso entra ahora en una fase de consecuencias todavía imprevisibles. Fuentes cercanas al caso admitieron que sería 'chocante' que el juez fijara para Matas una fianza inferior a la que ya pesa sobre otros imputados. Por ejemplo, la fianza penal (para evadir la prisión), más alta impuesta en este caso hasta ahora es la de 250.000 euros que abonó el periodista Antonio Alemany, al que se retiró el pasaporte. Pero, la fianza civil (para cubrir responsabilidades económicas) más elevada es la de un millón impuesta a los arquitectos García Ruiz. En el caso de Matas, la gran incógnita reside en el pasaporte: si se le retira, no podrá volver a EEUU, donde trabaja. El ex presidente y ex ministro de Aznar ha contratado también al letrado Manuel Ollé, experto en derecho internacional.