El derecho de los homosexuales a adoptar hijos está en vigor desde el 3 de julio de 2005, gracias a la modificación del Código Civil aprobada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Han pasado casi siete años, en la Moncloa ya no está el PSOE, sino el PP, y pesa la amenaza de la reversión de derechos para los gays y lesbianas. Sin embargo, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) [descargar aquí], hecha pública hoy, evidencia que esa realidad, rechazada por los sectores conservadores y la Iglesia, ya está bastante asumida por los ciudadanos. 

El 34,8% de los españoles estima que 'las personas homosexuales tienen que tener el mismo derecho' que los heterosexuales a adoptar niños, frente a un 14,8% que se sitúa en el lado totalmente contrario, y piensa que 'por el bienestar' de los menores, 'debería prohibirse la adopción' a gays y lesbianas. En la escala intermedia se sitúa otro 23,9%: un 13,9% se inclina más bien por apoyar que los derechos de homosexuales y heterosexuales en esta materia se equiparen, mientras que un 10% gira más a favor de la prohibición. De forma global, en una escala de 0 a 10, donde el cero representa la igualdad de derechos y el 10 la discriminación del colectivo LGTB, los ciudadanos se posicionan en el 3,87. 

Menos consenso concita la integración de inmigrantes o el pago de impuestos

Más controversia suscita la integración de personas de diferente origen, cultura y religión. El 17,3% juzga muy positivo que en un país convivan ciudadanos de distinta procedencia y confesión, y un minoritario 7,3% considera que la presencia de inmigrantes 'puede poner en peligro los valores y la cultura' de España. La mayoría (el 36,4%), sin embargo, se encuadra en la escala intermedia (entre el 4 y el 6). 

Lo mismo sucede cuando el CIS inquiere si es más conveniente que se mejoren los servicios públicos y las prestaciones sociales aunque ello suponga pagar más impuestos –el 13,8% lo cree así– o si, por el contrario, es más adecuado contribuir menos al fisco aunque eso signifique adelgazar el Estado del bienestar (el 4,6% apoya ese extremo). De nuevo, el 42,4% se halla en el punto intermedio, entre el 4 y el 6 de la escala. 

El estudio postelectoral del CIS incluye dos preguntas de carácter más político: la interlocución con ETA y la participación de los ciudadanos en las decisiones trascendentes. El 39,6% cree que el Gobierno no debería dialogar con la banda terrorista sobre el futuro de sus presos y militantes. En el otro lado, un 12,9% señala que el Ejecutivo sí debería procurar el entendimiento con ETA. 

En la segunda cuestión, las cosas no están tan claras. El 10,5% entiende que todas las decisiones políticas deberían tomarlas directamente los ciudadanos, por un 7,3% que juzga lo contrario, que esa tarea compete sólo a los políticos. El 47,4% se sitúa en un terreno intermedio, entre las posiciones 4 y 6. 

Un 36,5% declara sentirse próximo al movimiento de los indignados

El organismo público también pregunta de nuevo por la incidencia del Movimiento 15-M. Ya lo había hecho en su barómetro de junio. Para empezar, el 89,4% reconoce haber oído hablar de los indignados, aunque un porcentaje similar (el 88%) confiesa al tiempo que no ha participado en sus concentraciones o acampados. 

La visión positiva por el movimiento persiste, aunque más matizada que hace meses. Un 12,9% afirma que simpatiza 'completamente' con los indignados, y otro 23,6% los mira también con agrado. En total, un 36,5%. En el lado opuesto, un 14,7% declara no simpatizar 'en absoluto' con el 15-M, más otro 11,9% que tampoco lo acaba de ver con buenos ojos (un 26,6% en conjunto). La media es un 5,24. Es decir, que en una escala de 0 (ninguna simpatía) a 10 (total simpatía), los españoles se inclinan más por hacer una lectura positiva del movimiento. 

-Más del 23% de los votantes del 20-N se decidieron los últimos días