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Un médico y cinco colaboradores detenidos por abortos ilegales

La Guardia Civil registró cinco centros de salud en Barcelona en busca de documentos falseados

TONI POLO

Seis detenidos al cierre de esta edición, un mínimo de cinco clínicas del grupo Ginemedex-TCB registradas, un supuesto testigo protegido... La zona alta de Barcelona vivió el lunes una jornada convulsa. La Guardia Civil procedió a los registros de varios centros de salud privados en el barrio de Les Tres Torres por tener indicios de que en ellos se venían practicando "reiteradamente" interrupciones de embarazo fuera de la ley.

Entre los detenidos, responsables de las clínicas TBC, Ginemedex, EMECE y Fundación Morín, está el director de esta fundación, Carlos Morín, que fue arrestado en el centro de la calle Dalmases, 61. La investigación está coordinada por la Fiscalía de Catalunya y el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que ha levantado el secreto de sumario.

El doctor Morín ya fue investigado por el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya hace poco más de un año, cuando una cadena de televisión danesa emitió un reportaje, filmado con cámara oculta, en el que se denunciaban prácticas ilegales. Una periodista encinta contactó con el director de la clínica haciéndole creer que pretendía abortar a las 31 semanas de embarazo. El doctor aseguró a la periodista que no habría problema para "inyectar un líquido tóxico en el corazón de la víctima".

Precedentes salvados

El Departament de Salut de la Generalitat de Catlaunya, a raíz de una denuncia presentada por la asociación e-Cristians sobre las pruebas aportadas por el documental danés, llevó a cabo el año pasado una investigación sobre el caso . La actual consejera de Salud, Marina Geli, recordó ayer que sólo se comprobaron irregularidades administrativas, que se saldaron con una multa. No se encontraron pruebas que demostraran la interrupción ilegal de embarazos.

Los riesgos de la ley

Según la legislación española, la interrupción voluntaria del embarazo es legal cuando evite un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto del que practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestatnte, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

La ley también permite abortar en caso de violación, siempre que sea dentro de las primeras doce semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. Por último, en caso de que se presuma que el feto pueda nacer con graves taras físicas o psíquicas, se podrá practicar el aborto dentro de las veintidós primeras semanas de gestación.

Supuestas falsificaciones

En los registros por orden judicial, la Guardia Civil buscaría entre la documentación requisada pruebas de falsificaciones de ecografías y de informes psiquiátricos para "legalizar" abortos en mujeres con más semanas de gestación de las que permite la ley. Se habla de presuntos casos de mujeres que habrían interrumpido su embarazo con más de 35 semanas de gestación.

Entre las varias vías que han destapado el caso, figura un ex empleado que, presuntamente, habría denunciado estas prácticas. El testigo ha pasado a ser protegido en la investigación. La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) emitieron ayer por la tarde un comunicado conjunto en el que destacanan que actúan con total independencia e imparcialidad y que se tomarán todas las medidas para preservar la identidad de las pacientes en cuyos expedientes no se hayan encontrado datos falseados.

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