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Memoria histórica Una veintena de alcaldes del PP se niegan a borrar de su callejero a José Antonio

Responden a un requerimiento del Senado a instancias de Compromís argumentando que desconocen el origen de la nomenclatura, cuestionando que las vías estén dedicadas al fundador de Falange o alegando que las vías, sin apellidos, homenajean a vecinos

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Compromís pide reformar la Ley de Memoria para borrar los símbolos franquistas del callejero

Hasta 22 ayuntamientos gobernados por el PP se han negado, o han eludido con diferentes excusas, eliminar del nomenclátor de su callejero las vías dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, según indican las respuestas dirigidas al senador de Compromís Carles Mulet, que hace unos meses remitió, vía presidencia del Senado, una remesa de más de 4.000 cartas (una por vía) a los consistorios de los que constaban en el INE (Instituto Nacional de Estadística) calles, plazas y avenidas dedicadas a cargos del franquismo, militares que participaron en la sublevación de 1936 y personas que el régimen dictatorial utilizó como símbolos.

“Las respuestas revelan algunas lagunas de la Ley de Memoria Histórica que deberían modificarse. Haría falta una ley más seria, o reformar la que hay. No puede haber calles dedicadas a dictadores y asesinos”, señala el senador, partidario de retirar del callejero, además de a los personajes del régimen franquista y los militares que participaron en la sublevación, “toda alusión a figuras que ofendan o que el franquismo utilizó como emblema o como símbolo”.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que regula la simbología, insta a las administraciones a “tomar las medidas oportunas” para “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”, aunque con la salvedad de las menciones “de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

En cualquier caso, al contrario de lo que ocurre con algunas normas autonómicas como la andaluza o la aragonesa (en trámite), la estatal no prevé ningún tipo de régimen sancionador para quien la incumpla.

"Los alcaldes actúan con impunidad porque saben que no les va a pasar nada, ningún organismo del Estado va ni siquiera a enviarles un requerimiento para que cumplan la ley”, lamenta Mulet.

El dueño de la gasolinera y el hijo del promotor

Las respuestas de los ayuntamientos incluyen algunas llamativas como la de Tíjola (Almería), que sostiene que su avenida de José Antonio, que fue Carretera de Baza hasta 1990, está dedicada en realidad “al dueño de la única gasolinera existente en ese momento en el municipio”, que había fallecido el año anterior.

El Ayuntamiento de Collado Mediano (Madrid) sostiene que su calle José Antonio está dedicada a uno de los hijos del promotor de la urbanización en la que se encuentra, en la que hay otras denominadas Francisco Javier, Carmen Gloria, Ignacio, Pilar y Begoña.

En Villamandos (León) aseguran desconocer “los antecedentes” para que la calle “tenga esa denominación”, por lo que “no es posible determinar si está dedicada a José Antonio Primo de Rivera o a otra persona o institución”.

Ocurre algo similar en Fromistá (Palencia), donde afirman que están investigando a quién está dedicada, mientras en Ulea (Murcia) mantienen que “bajo ningún concepto” su calle está dedicada a él ya que en 1987 cambiaron los nombres de varias vías, entre ellas la plaza del Generalísimo paso a llamarse de la Constitución, y esa no fue modificada. Adjuntan una foto en la que puede verse cómo el nombre compuesto no va seguido de ningún apellido.

Connotaciones, controversias y oposición vecinal

Otros consistorios optan por rechazar que el fundador de Falange sea alguien vinculado a la dictadura. Así ocurre en Roturas (Valladollid) ( ), donde, además de sostener que “jamás en este pueblo se ha considerado que dicha calle esté dedicada a José Antonio Primo de Rivera ni tiene connotación política de ningún signo”, a lo que añaden que los vecinos se oponen a cambiarle el nombre “por los problemas de tipo burocrático que eso les origina”. “Y además estiman que el nombre de ‘José Antonio’ no es patrimonio del franquismo”, anotan.
La corporación de Villar del Olmo (Madrid) se despacha con una larga disertación en la que mantienen que se trata de una figura histórica “controvertida” y objeto de “visiones sesgadas”, de la que “unos y otros” hacen “uso y abuso” cuando “no puede tomarse como mención o símbolo”, al tiempo que sugieren la lectura de varios libros y artículos sobre él.
Ayuntamientos como Horcajo de Santiago (Cuenca) recuerdan que la calle tiene ese nombre desde agosto de 2011, Alfaro (La Rioja) responde que cambiaron el nombre de una plaza dedicada al fundador de Falange pero mantienen una avenida con su nombre y “resulta que no existe acuerdo de cambio”, algo similar a lo que contesta San Cristovo de Cea (Ourense).
Otro, como San Pedro del Pinatar (Murcia), no solo rechaza cambiar el nombre de su calle José Antonio sino que también mantiene vías dedicadas a los generales Millán Astray y Sanjurjo. Y, en la misma línea, Becerril de la Sierra (Madrid) elude borrar de su callejero a José Calvo Sotelo, ministro en la dictadura de Primo de Rivera y uno de los diputados monárquicos más críticos con la Segunda República, que murió tiroteado cinco días antes de que Franco se sublevara en Canarias.

Un presupuesto de mil euros y el coste de renovar el DNI

Completan la lista de municipios que eluden o rechazan eliminar de su callejero las referencias al fundador de Falange tres abulenses, Gemuño, Serranillos y Salvadiós; dos burgaleses, Merindad de Montija y Moradillo de Roa, y uno de Cáceres (El Gordo), Cuenca (Arrancapepas), Huesca (Albalate de Cinca), Salamanca (Fresno Alhándiga) y Toledo (Torre de Esteban Hambran).

Un ayuntamiento gobernado por el PP, el de Valdelagua del Cerro (Soria), sí acata la ley y eliminará a Primo de Rivera de su callejero, en el que solo cuatro vías tienen nombre. El alcalde incluye en su ácida respuesta al senador un presupuesto de 966,79 euros para el cambio de placa (el ayuntamiento dispone de 35.000 al año) y adjunta un informe municipal según el cual a un vecino puede suponerle un gasto de “entre 90 y 115 euros” viajar a Matalebreras para renovar el DNI.

Por último, tanto Pravia (Asturias), gobernado por el PSOE, como Calatayud (Zaragoza), del PP, que mantuvo con el apoyo de C’s la medalla de oro de la ciudad entregada a Franco, indican que sus calles Primo de Rivera están en realidad dedicadas al dictador, Miguel, padre de José Antonio.

En Honrubia de la Cuesta (Segovia), un pueblo de poco más de medio centenar de habitantes gobernado por una agrupación independiente, y que es el único municipio de la lista que no controla el PP, el Ayuntamiento argumenta que la plaza Primo de Rivera ya tenía ese nombre diez años antes de la guerra civil, “por lo que entendemos que no está afectada por la Ley de Memoria Histórica”.

El general y el poeta local

Pese a esta veintena larga de negativas, Mulet explica que “la mayoría de ayuntamientos está cumpliendo la ley. El resultado es positivo en general”. De hecho, numerosos consistorios han notificado al INE los cambios en el callejero realizados algunos años en aplicación de la Ley de Memoria Histórica que seguían sin comunicar. Otros muchos se han comprometido a efectuar las modificaciones y retirar del callejero las menciones a personas afines a la dictadura o que participaron en la sublevación franquista.

No obstante, menudean los casos cercanos a la picaresca, como ocurre en Totana (Murcia), cuyo ayuntamiento sostiene que el Emilio Mola que tiene una calle dedicada no es el general sublevado sino un poeta local, aunque la placa no lo especifica ni nada indica que vaya a hacerlo a corto plazo.