Las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar estarán obligadas a informar antes a 'al menos' uno de sus padres o tutores. Es el acuerdo al que llegaron ayer las fuerzas parlamentarias, excepto el PP. La Ley del Aborto recogerá finalmente uno de los requisitos indispensables para el PNV. De todos modos, la última palabra la tendrá siempre la mujer. El 'consentimiento (...) les corresponde exclusivamente a ellas', dice el texto, que satisface también a ERC-IU e ICV.

El dictamen que salió ayer de la Comisión de Igualdad del Congreso recoge una excepción a la obligatoriedad. La menor no deberá informar a sus padres 'cuando alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo'. El portavoz del PNV,Joseba Aguirretxea, expresó su convencimiento de que 'la excepción no se convierta en la norma'.

La portavoz socialista, Carmen Montón, aclaró que bastará 'con la palabra de la menor' para interrumpir su embarazo. Pero queda por aclarar cómo demostrará al médico que ha comentado la decisión a sus padres o en qué casos concretos podrá ocultárselo. Las autonomías, con competencias en Sanidad, deberán desarrollar la norma, que para el PP será un 'coladero'.

El PNV aceptó la propuesta de los grupos de izquierda y apoya la Ley

Por otra parte, la Ley también incorpora que 'los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho a ejercer la objeción de conciencia'. La negativa será 'individual' y se deberá manifestar 'anticipadamente y por escrito'.

El PNV reclamaba que se reconociera la objeción para garantizar el derecho de los profesionales y las fuerzas de izquierda para garantizar el derecho a abortar de la mujer y evitar que quien objete en un centro público luego practique abortos en uno privado. Sólo el 2% de los abortos se practican en hospitales públicos.

Los grupos parlamentarios no supieron delimitar qué profesionales sanitarios podrán objetar, además de los médicos y enfermeras. Este derecho se deberá regular con otra ley.

La norma también establecerá que Sanidad financie, como hace con los medicamentos que incluye en su cartera de servicios, un 60% del precio de los anticonceptivos más modernos. Aún no se sabe tampoco qué fármacos se incluirán en la lista.

Las menores podrán no informar a sus padres si ello les genera conflicto

También queda por definir en qué asignatura se incorporarán las enseñanzas sobre salud sexual y reproductiva. La ley persigue evitar, con una mejor educación, los embarazos no deseados, y reducir así el número de abortos. El año pasado, 115.812 mujeres abortaron.

Las mujeres podrán abortar sin tener que justificarse hasta las 14 semanas de gestación. Desde entonces, hasta las 22 semanas, deberán contar con el dictamen de un médico que avale que existe 'grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada' o si existen 'anomalías fetales incompatiles con la vida'. Se necesitará el dictamen de dos médicos si se detectan 'graves anomalías en el feto'. La Ley saldrá del Congreso la semana que viene y pasará a debatirse en el Senado.