El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición con el que el Ministerio de Sanidad y Política Social pretende reforzar la vigilancia en todo lo relacionado con los alimentos y combatir la obesidad 'incorporando hábitos de vida más saludables'.

'Hace un año que traje el anteproyecto de ley, ha sido un largo proceso de trabajo con los agentes implicados y, por fin, hemos alcanzado un texto de consenso, que busca poner fin a una dispersión existente en materia de ordenación alimentaría y actualizar la normativa básica', según ha reconocido tras la reunión la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

Uno de los aspectos que aborda esta nueva norma es la composición de los alimentos que se venden en el ámbito escolar ya que, como ha recordado Jiménez, 'uno de cada cuatro niños tiene sobrepreso u obesidad'. De este modo, la nueva ley prohibirá la venta de alimentos y bebidas en el ámbito escolar que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que 'se establecerán en un desarrollo reglamentario posterior elaborado por los expertos en la materia', según ha reconocido la ministra.

La ley obliga también a la industria alimentaria a minimizar el contenido de grasas trans, ya que se ha demostrado que son perjudiciales para la salud, para lo que el texto establece la obligación de las industrias de utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria. Esto obligará a la industria a 'modificar los procesos en los que los alimentos se enriquezcan con estas sustancias dañinas para la salud', ha recordado.

En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la ley propone que los responsables de supervisar los menús escolares serán profesionales acreditados en las áreas de Nutrición Humana y Dietética, con el objetivo de que la 'oferta alimentaria sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos'. Igualmente, los centros escolares proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre las calorías y nutrientes de los menús así como unas directrices para que la cena sea complementaria. Del mismo modo, las instalaciones que lo permitan se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.

En lo que respecta a la publicidad de alimentos, se establece que los centros escolares serán 'libres de publicidad' salvo en aquellos casos en que las autoridades escolares y sanitarias estimen que es beneficioso para los alumnos. Además, como ha recordado Jiménez, 'la publicidad exige veracidad y exactitud' y, por ello, se establecerán límites a ciertas prácticas como que 'la aportación de testimonios de profesionales sanitarios o científicos, sean reales o no, o pacientes que puedan influir en la elección de alimentos induciendo a su consumo'.

En este aspecto, se ha optado por la vía de la autorregulación, mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual. Con ello se pretende el establecimiento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años.

De este modo, se busca elevar la edad del actual Código PAOS, promovido en 2005 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la autorregulación en materia de publicidad, de los 12 a los 14 años.

Dado que la obesidad en España no sólo afecta a los niños sino que 'uno de cada dos adultos está obeso o padece sobrepeso', según explica Jiménez, la ley introduce por vez primera la prohibición de discriminación por razón de obesidad o sobrepeso'. Además, está prevista la creación de un Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad.

El curso escolar comienza con un récord de 7.747.253 alumnos matriculados en el conjunto de las enseñanzas no universitarias de régimen general, un 1,9% más que hace un año, gracias al aumento de la escolarización en todas las etapas, excepto ESO, en la que cae un 0,4%.

Para 2010 se calcula que la inversión pública en toda la educación supere 'por primera vez' el 5% del PIB, concretamente que llegue al 5,11% (53.947 millones de euros), con una media de 6.000 euros por alumno, según el informe de comienzo del curso 2010-2011 presentado hoy por el titular de Educación, Ángel Gabilondo, al Consejo de Ministros.

Este curso estarán matriculados 140.736 estudiantes más que en el anterior, con las subidas relativas más importantes en FP: 6,4% (34.452 alumnos más); Infantil: 2,8% (51.011); Primaria: 1,7% (47.081) y Bachillerato: 1,4% (9.244), en tanto que se modera el descenso en la ESO (-7.099), que había cedido un 1,1% en 2009-2010.