Militares con más libertades civiles

"En cuestiones militares la única política posible es la del consenso y la unidad". Cuando la ministra de Defensa, Carme Chacón, pronunció estas palabras en enero de 2010 tras anunciar que el Gobierno impulsaría una Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, pocos confiaron en que la normativa saliera adelante con el acuerdo de todas las partes.

Las asociaciones militares, que meses antes habían protagonizado sonadas protestas exigiendo mejoras laborales, desconfiaban de la posibilidad de que un Gobierno reconociera unos derechos que les han sido negados desde la llegada de la democracia. Y a la derecha y a la izquierda del PSOE acogían con escepticismo la voluntad del Ejecutivo, ya que no esperaban que fuera más allá de las buenas intenciones.

Pero el pasado jueves, un año y medio después de la promesa de Chacón y tras una larga tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la nueva normativa. Ahora todos coinciden, Gobierno, oposición y asociaciones militares: Ha sido "un éxito" que culmina con la reforma de las Fuerzas Armadas que se inició en la Transición.

La importancia de la normativa se sostiene sobre tres principales novedades: desarrolla las libertades personales de los militares al reconocer los derechos a la intimidad o a la libertad de expresión; regula su participación en las asociaciones profesionales y el papel de estas en la política de Defensa; y diferencia claramente la situación del militar cuando está de servicio y cuando no.

Desde el Gobierno consideran "determinante" el trabajo previo

Desde el Gobierno consideran "determinante" el trabajo previo. "Antes de presentar el borrador al Consejo de Ministros concretamos las líneas maestras del proyecto con los partidos políticos, con las asociaciones profesionales y hasta con los cuarteles generales", explica Vicente Salvador, subsecretario de Defensa. Una vez concluida la negociación reconoce que la ley "no responde al cien por cien a todas las exigencias de las partes, pero sí a las más importantes".

El trámite parlamentario es lo que ha contribuido, a juicio del PP, a que se haya alcanzado el consenso. "Entró en el Congreso siendo una ley muy ambigua, con inseguridades jurídicas, pero entre todos hemos conseguido que los derechos queden muy bien regulados", señala Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz de los conservadores en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Hay dos instituciones que crea la ley y a las que, en opinión de Salvador y de Rodríguez Salmones, la negociación en la Cámara Baja "ha dotado de una enorme fuerza". Especialmente importante será a partir de ahora el papel de los militares en el Consejo de Personal. Las asociaciones que estén allí representadas -en función del número de socios- tendrán la obligación de emitir un informe sobre cualquier tipo de regulación que tenga que ver con la situación laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Un segundo organismo, el Observatorio de la Vida Militar, tratará de "valorar las condiciones de vida de los militares y de sus familiares" analizando su situación. Estará compuesto por personalidades "de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas", dice el texto.

La ley sí mantiene una serie de limitaciones en materia de libertades

La ley sí mantiene una serie de limitaciones en materia de libertades que, según defienden Gobierno y oposición, se ajustan escrupulosamente a las establecidas por una sentencia hecha pública por el Tribunal Constitucional en 2001 sobre los derechos de los militares. El articulado establece que, "haciendo uso de su condición", el militar "no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical".

"Eso significa que queda prácticamente prohibido el derecho de manifestación de los militares, lo que descafeína el desarrollo de nuestras libertades", lamenta Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Por lo demás, considera "un hito" que se haya conseguido elaborar una normativa que responde, en parte, a las históricas reivindicaciones del estamento militar por las que se constituyó su asociación. Insiste, por ello, en que la AUME "ha jugado un papel muy importante en que la ley sea como es".

También se apunta méritos el diputado de IU, Gaspar Llamazares. Su partido ha tratado en todo momento de que la nueva legislación equiparara a militares y a civiles al mismo nivel. Reconoce que, si bien el proyecto inicial presentado por el Gobierno, resultaba "algo cicatero", el resultado final "es satisfactorio". En todo caso, considera que todavía quedan algunos flecos sueltos. "Se debería haber dejado más claro el artículo que se refiere al derecho de reunión y de manifestación, y ampliado las competencias tanto del Consejo de Personal como del Observatorio de la Vida Militar".

"El tiempo dirá si todo el esfuerzo ha merecido la pena y la ley funciona realmente"

La ley es, a juicio de Pere Vilanova, catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, "el cierre de un ciclo, el de la reforma de la institución militar que impulsó [el exministro de Defensa entre 1982 y 1991] Narcís Serra". "Es una ley que la democracia debía a los militares, ya que supone, por primera vez, la articulación de todos sus derechos y deberes en un corpus único", agrega el subsecretario Vicente Salvador. Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, prosigue este último, "sigue siendo tan militar como siempre, pero ahora es más ciudadano".

El objetivo a corto plazo a juicio de las asociaciones militares es publicitar la normativa entre los estamentos profesionales de los tres ejércitos. "Queda un trabajo importante por hacer y por eso emplazamos al Ministerio de Defensa a que ponga en marcha una campaña de difusión y conocimiento de la ley que incluya un llamamiento a los militares para que se asocien", sugiere Mariano Casado desde la AUME. Considera, en todo caso, que en los próximos años se producirá "un cambio radical en la política de Defensa en España". La diputada conservadora Rodríguez Salmones advierte de que ahora "comienza un nuevo proceso" por el que se deberán regular los reglamentos que permitan desarrollar la ley. "Nos queda escuchar, escuchar y escuchar a los militares". Pere Vilanova concluye: "El tiempo dirá si todo el esfuerzo ha merecido la pena y la ley funciona realmente".