Las farmacias cada vez lo tienen más difícil para cobrar de las administraciones por las recetas oficiales que dispensan a los pacientes con cargo a la sanidad pública. Aunque el caso más grave es el de Castilla-La Mancha, donde el Gobierno presidido por la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, debe aún a los boticarios unos 185 millones de euros después de que ayer mismo anunciara el pago de 12 millones por el 25% de la facturación de junio, la situación puede propagarse a otras comunidades. Así, el problema afectará en los próximos meses a la mitad de las farmacias españolas y creará un montante de deuda millonario que podría poner en riesgo la propia viabilidad del sector.

Este es al menos el vaticinio de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), quien ayer hizo público un informe en el que analiza la situación caso por caso y alerta de que, de seguir así las cosas, la mitad de las farmacias españolas 'estarán afectadas a final de año con una deuda global que puede superar los 2.262 millones de euros'. La patronal estima impagos superiores a cuatro meses de facturación en Castilla-La Mancha, Balears, Murcia y País Valencià, así como problemas de distinta magnitud en otras autonomías como Andalucía, Canarias, Cantabria, Catalunya o La Rioja.

2La vía del crédito privado se acabará agotando', advierte la patronal

La deuda prevista por FEFE para final de año se sumaría a los impagos que sufren a día de hoy otros sectores sanitarios, como son los laboratorios farmacéuticos, a lo que las distintas administraciones adeudaban unos 5.800 millones a 30 de septiembre, según las últimas estimaciones de la patronal Farmaindustria. En una situación similar están los proveedores de tecnología sanitaria, agrupados en Fenin, que tienen contabilizados impagos por valor de 4.540 millones de euros.

En el caso de la farmacia, las estimaciones de la patronal FEFE, que no son compartidas por algunos colegios de farmacéuticos, llevan a esta entidad a vaticinar que 'si no se alcanza una solución a nivel de Estado, se producirá una situación de desabastecimiento generalizado con consecuencias sanitarias imprevisibles para la población y riesgo de quiebra del Sistema Nacional de Salud'.

El presidente de esta entidad, Fernando Redondo, expli-có ayer a este diario que, teniendo en cuenta la dificultad que tienen las comunidades para endeudarse si quieren cumplir con los objetivos de déficit fijados para este año por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la única solución pasa porque sea el Estado quien avale a las farmacias. De hecho, la patronal ya ha planteado al Gobierno esta posibilidad, aunque aún no ha recibido respuesta. 'La propuesta no es nueva; la diferencia es que antes la planteábamos como una solución eficaz, útil y adecuada y ahora se ha convertido en algo imprescindible', explica Redondo.

Los proveedores sanitarios sufren también una deuda de 10.300 millones

A su juicio, la única explicación para los impagos es que las autonomías no pueden endeudarse para cumplir con los objetivos de austeridad y que, además, debido a la crisis, han visto reducirse drásticamente sus ingresos a través de los impuestos cedidos y dependen cada vez más de las transferencias del Estado. 'Ellos no pueden incrementar su deuda, pero nosotros no podemos soportarla', explica el responsable de FEFE.

En cuanto al riesgo de desabastecimiento, Redondo asegura que no se trata de ser 'alarmistas'. 'Es de Perogrullo señala, los farmacéuticos están comprando los medicamentos con créditos privados para seguir dando el servicio sin cobrar, pero esa vía se acabará agotando y llegará un momento en el que tampoco se podrá pagar el sueldo de los empleados'.

El caso andaluz

Sanidad cree que las autonomías tienen los instrumentos para pagar

Desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos prefieren no hacer valoraciones sobre el informe, aunquealgunos colegios provinciales expresaron ayer su desa-cuerdo con su contenido. Es el caso de Andalucía. En su repaso comunidad a comunidad, el informe de FEFE cifra en 588 millones de euros la deuda que tendrá esta administración con los farmacéuticos, habida cuenta de que 'no se pagará septiembre de 2011', que 'no hay calendario' de pagos y que no se espera una puesta al día de las transacciones hasta enero de 2012.

Sin embargo, tanto la Junta como los colegios pusieron en duda estas previsiones, así como las informaciones publicadas ayer por algunos medios que indicaban que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había comunicado a las boticas que no tiene ya dinero para pagar las facturas de septiembre y octubre. Así, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos indicó que hasta ayer la Junta andaluza (PSOE) 'ha pagado puntualmente la factura de los medicamentos'. Además, señala que las facturas se abonan a 40 días, de forma que las correspondientes a los meses de septiembre y octubre se las tendrán que pagar los días 10 de noviembre y diciembre. Sin embargo, según Efe, los colegios admiten que puede haber problemas de tesorería y que se trabaja para encontrar una 'solución consensuada'. Fuentes de la Consejería de Sanidad, por su parte, precisaron a Europa Press que el pago a los farmacéuticos está garantizado 'porque ha sido y seguirá siendo una prioridad para la Consejería'.

Por otro lado, en Cantabria, donde FEFE cree que es 'posible' el retraso en un mes, el Colegio afirmó ayer que 'no tiene ninguna noticia' de que se vaya a producir.

En el caso del País Valencià, donde la Generalitat (PP) debe julio y agosto, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, avanzó que la comunidad hará 'algún pago' a los farmacéuticos 'antes incluso de lo que muchos piensan', mientrasseñalaba que, 'actualmente, cobrar de cualquier administración española a 90 días es un lujo'. Vela no dudó tampoco en buscar excusas fuera: 'Yo ya he explicado los problemas de liquidez, faltaba ahora el tema de Grecia, que si teníamos una piedra en el zapato, ahora ya tenemos otra'. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, reclamó al Govern valenciano que 'encuentre las medidas que tenga que encontrar, pero que pague' a las farmacias, una petición que hizo extensiva al resto de las autonomías al considerar que, con los ahorros conseguidos en política farmacéutica, las comunidades tienen 'encima de la mesa todos los instrumentos' para abonar las recetas.