El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, se comprometió hoy a liderar las reivindicaciones de los jueces, que protestan contras las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero sólo con la condición de que previamente cuenten con el respaldo mayoritario del CGPJ, al tratarse de un órgano colegiado. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, no concretó ni cómo ni cuándo debatirá y votará el Consejo ese catálogo de peticiones de la carrera judicial. 

Moliner recibió este lunes en su despacho a dirigentes de las cuatro asociaciones de jueces, después de que el viernes las juntas de jueces de toda España aprobarán las reivindicaciones y el calendario de protestas que les había propuesto el movimiento asociativo contra los proyectos del Gobierno en materia judicial. Varias juntas, entre ellas la de Madrid, que es la más numerosa del país, pidió además la dimisión del propio Moliner como presidente del CGPJ y del Supremo, al considerar que no estaba defendiendo los intereses del colectivo en sus contactos con el ministro de Justicia.

El nuevo presidente del CGPJ, que accedió al cargo en julio tras la dimisión de Carlos Dívar, transmitió a las asociaciones su compromiso en liderar las reivindicaciones de la carrera judicial, siempre que sean avaladas por el Pleno del Consejo, ya que se trata de un órgano colegiado donde las decisiones se adoptan por mayoría, según explicó a los periodistas su portavoz, Gabriela Bravo. Preguntada por si Moliner se concentrará ante la sede del Consejo como han aprobado el resto de jueces y fiscales en sus asambleas como medida de protesta, señaló que el presidente apuesta por la vía del diálogo, aunque respeta cualquier decisión que adopten las juntas. Aparte de con las asociaciones, en los próximos días se reunirá con los jueces decanos y con los presidentes de los tribunales superiores de justicia, para pulsar la opinión de toda la carrera.

Bravo explicó que Moliner ha luchado por la independencia judicial desde su ingreso en la carrera hace 43 años, y en sus años en Justicia Democrática, germen de la asociación Jueces para la Democracia y de la Unión Progresista de Fiscales. La portavoz aseguró que muchas de las reivindicaciones de las asociaciones han sido ya compartidas por el Consejo en los informes y acuerdos aprobados sobre distintas reformas legislativas en los últimos años. En el próximo Pleno extraordinario del 4 de octubre, donde estudiarán el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Juducial, tendrán en cuenta la posición de las asociaciones, que está apoyada por todas las juntas de jueces.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, explicó en una comparecencia ante la prensa al término de la reunión que las asociaciones han emplazado a Ruiz-Gallardón a abrir una mesa de negociación en el plazo de 15 días. Para ello, le han enviado una carta firmada por la comisión interasociativa de jueces y fiscales. En caso de que haga caso omiso y no anuncie la retirada o modificación de las reformas que consideran lesivas para la independencia judicial y sus condiciones de trabajo, llevarán a cabo el calendario de movilizaciones que empezará con el trabajo a reglamento en los denominados horarios de audiencia (en que celebran juicios y se atiende a ciudadanos y abogados) y concentraciones, y podría seguir con paros parciales y finalmente una huelga en el sector.

Por la APM, mayoritaria en la carrera con 1.300 asociados, su vicepresidenta, Carmen Fragola, destacó que la independencia judicial peligra con los proyectos de Gallardón, que destacó que han puesto de acuerdo en contra a toda la carrera judicial que quieren mantener sus condiciones actuales de trabajo y que no se modifique su Estatuto Orgánico, al entender que son servidores públicos pero no funcionarios.

Por la asociación Francisco de Vitoria, el juez decano de Madrid José Luis González Armengol calificó de 'ataque brutal' a la independencia de los jueces que representa el borrador de reforma del Poder Judicial,  y aseguró que su caballo de batalla no es el recorte en retribuciones --'aunque me parezca claramente injusto'-- sino la equiparación a la baja de sus derechos orgánicos con el resto de funcionarios, pese a la peculiaridad que entienden que tienen los jueces por ser servidores públicos pero a la vez representantes de uno de los poderes del Estado.

Por último, Angel Dolado, del Foro Judicial Independiente, destacó que pese a haber sido muy críticos con Moliner querían ahora, que consideran que 'ha perdido la inocencia' tras asumir el cargo, darle un voto de confianza para que lidere sus reinvidicaciones. 'O está con nosotros o está contra nosotros', considera este portavoz.